Durante mucho tiempo, la idea de la fiscalización fue asociada a una visión punitiva de la revisión del ejercicio de los recursos públicos. Esto generó un acotado grado de comunicación y colaboración por parte de las entidades de fiscalización superior con los entes públicos sujetos a revisión. Además, se desarrolló una tendencia a interpretar las auditorías alejadas de su propósito central: mejorar la gestión pública y optimizar el uso de los recursos públicos.
Por esta razón, a partir de mi experiencia en los temas hacendarios, no solo frente a los contribuyentes, a quienes con enfoques comprensivos y claros logramos que cumplieran mejor sus obligaciones tributarias, sino también para abatir la desigualdad en la distribución de participaciones, cuyas fórmulas olvidaban siempre al Sur; era una coordinación fiscal injusta, por lo que trabajamos con el apoyo de la mayoría de los estados y nuestra presencia con ellos. Y lo logramos.
En la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a pesar de la pandemia, buscamos una presencia permanente en estados y municipios; allá y aquí, les hemos aportado capacitación y mesas de trabajo que han permitido mejorar los resultados de sus auditorías. En la nueva Auditoría, se ha dado prioridad al enfoque preventivo, que es crucial. Esto permite que las auditorías se vean como una herramienta para detectar irregularidades en el uso de recursos federales y, lo más importante, para corregir y mejorar la acción del gobierno en la resolución de problemas públicos. En consonancia, el enfoque preventivo permite que la ASF tenga mejores canales de comunicación con los entes públicos y a su vez espacios de colaboración formal.
La colaboración interinstitucional es fundamental para lograr el cumplimiento de objetivos estratégicos. Se reconoce así —sobre todo— ante la complejidad de los problemas públicos a los que los gobiernos se enfrentan y que requieren de la atención de instituciones diversas.
Entonces, la fiscalización y la colaboración entre instituciones construyen un círculo virtuoso que —al final— concluye con la mejora de los servicios públicos. Si la fiscalización y los procesos de auditoría generan información —desde una lógica preventiva— útil y suficiente, entonces es lógico que los entes públicos tengan la posibilidad de actuar en consecuencia para mejorar tanto el ejercicio de recursos públicos federales como los bienes y servicios que ofrecen a la población.
En el caso de países como México y en general de la región de América Latina, destaca la necesidad de mejora de servicios. Por ejemplo, en el ámbito de los servicios de salud, es esencial que los gobiernos aseguren el derecho a la salud como un derecho humano básico. Esto debe hacerse mediante sistemas de protección social y atención médica que sean accesibles para todos y que se enfoquen en respetar estos derechos.
Aunque el diagnóstico y las necesidades para la protección social de la salud son evidentes, en América Latina la mayor parte de los países cuenta con un sistema de provisión insuficiente y fragmentado.
En este sentido, las instituciones del sistema de salud en México han mejorado a partir del círculo virtuoso entre fiscalización preventiva y comprensiva, así como de la colaboración interinstitucional. Un caso afortunado es IMSS-Bienestar.
Esta y otras reuniones y acuerdos para la cooperación interinstitucional con entes relacionados con los fines de la ASF, como los que recientemente hemos suscrito con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), son una muestra fehaciente de la utilidad del enfoque preventivo, así como el permanente trabajo preventivo con las universidades locales y los entes municipales y estatales. que ayudó a formar una EFS que colabora con las instituciones del Estado mexicano.
Procuraré detallar cada caso.