Una buena administración pública es fundamental para el desarrollo de la sociedad, al garantizar el bienestar y desarrollo integral de la población. Su operación impacta su calidad de vida, el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la estabilidad medioambiental y el ejercicio de los derechos sociales. Por ello resulta importante destacar a la administración pública y al valor del servicio público para la comunidad y para el desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos.
El funcionamiento eficaz y eficiente de los gobiernos, a partir de una lógica receptiva por parte de las administraciones públicas genera valor público. Es decir, beneficios que se distribuyen a la totalidad de la población de diferentes maneras: la solución de los problemas, la atención de necesidades básicas, la provisión de bienes y servicios, etc. Todo esto son motivos suficientes para valorar las administraciones, y su evaluación, tareas que se llevan a cabo a través de la labor de las entidades fiscalizadoras superiores, como la ASF, mediante las auditorías al cumplimiento financiero, al gasto federalizado y las de desempeño.
Justo con ese propósito, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio como el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. La finalidad fue definir una fecha dedicada a la promoción del valor de los servicios públicos. Esta declaratoria, en 2016 se complementó con el enfoque de la consecución de los objetivos señalados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La tesis sobre el valor de las administraciones públicas, requiere de reposicionamiento en contextos como el de América Latina y el Caribe (ALC), como lo ha señalado la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) con el propósito de profundizar la integración política, económica, social y cultural de la región.
A propósito de este tópico, el año pasado la OCDE publicó el documento “Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024”. En este se presenta el argumento de que la región avanzó significativamente en varias áreas, entre las que destacan el establecimiento de mecanismos participativos y normas de integridad pública, así como instrumentos y medidas para abordar las brechas de género en la administración pública.
A pesar del escenario de retos y oportunidades, es alentador que –según los datos reportados por la OCDE– en el año 2022, el 36.3 por ciento de la población de 16 países de ALC declaró tener confianza en el gobierno.
El nivel de apertura en la toma de decisiones en la administración pública ha sido bien valorado en nuestra región. Esto contrasta con las acciones gubernamentales para fortalecer las capacidades de gobernanza que inciden en el desarrollo sostenible: por ejemplo, de los 12 países encuestados, solamente 5 (México, Chile, Colombia, Honduras, y República Dominicana) utilizan la presupuestación verde, “que se refiere a la integración de consideraciones climáticas y medioambientales en las decisiones sobre impuestos y gasto público”.
La función estratégica y preventiva de la fiscalización superior resulta sumamente valiosa, para que se cumpla lo programado en bien de las clases populares de México. Un peso desviado o no gastado, es un retraso al no usar los recursos que necesitan las clases más necesitadas. En México hay avances, lo cual se observa en los informes que se presentan hoy, en la primera entrega. De los 2 mil 189 informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2024, que presentó hoy ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado Javier Herrera Borunda.