En muchas ocasiones los asuntos públicos complejos, generan necesidades, demanda de cambios y comunicación entre los entes responsables de soluciones. Es el caso de los cambios permanentes en la lucha contra la corrupción, la comunicación permanente con los entes auditados, la capacitación que se le brinda al personal de la entidad fiscalizadora, pero también al de los entes auditados, en los tres órdenes de gobierno. El ente responsable de la fiscalización superior en México comparte la capacitación en los entes auditados de los tres órdenes de gobierno. La sociedad espera mejores resultados, que los recursos públicos se utilicen para lo que el espíritu del legislador aprobó, un manejo responsable de los mismos. Hay sectores “politizados” que piden sangre, no beneficiar a la población, sin importarles las necesidades de los mexicanos de menores ingresos. No es por ahí, ya hay hoy mecanismos para que se puedan concursar entre las entidades recursos que antes se reintegraban.
Pero hay una opción eficaz, pero más silenciosa: la preventiva. Su objetivo es disuadir y prevenir la materialización de diferentes conductas incorrectas. La prevención permite que los entes públicos auditados mejoren sus procesos de gestión, identifiquen áreas con mayor riesgo, definan mejores instrumentos de control interno y, reduzcan la posibilidad de mayores observaciones en el proceso de auditoría. De ahí la capacitación.
El contraste entre el enfoque punitivo y el preventivo es evidente. Mientras uno espera que la acción de fiscalización devenga en la identificación de actos ilícitos –lo cual no deja de hacerse y de ser relevante– el otro concibe a la acción de fiscalización y auditoría, desde una visión más integral, como un catalizador de la mejora de la gestión pública.
Como corolario, la diferencia sustantiva entre los enfoques preventivo y punitivo de la fiscalización está en el sentido estratégico de uno y otro. Aunque en el proceso de fiscalización el señalamiento de observaciones y los procesos que deriven en posibles faltas administrativas y delitos son importantísimas, parece todavía más relevante que el trabajo de las EFS –como lo ha señalado la propia OLACEFS con una activa participación de la AFS–, en tanto organismos públicos del Estado que ejercen la más alta función de auditoría del sector público, esté centrado en prevenir la comisión de tales actos y con ellos avanzar en la eficacia/eficiencia de la intervención gubernamental para resolver problemas públicos.
En 2023, la OLACEFS, junto con la Comisión Técnica de Lucha Contra la Corrupción Transnacional emitieron la Política Regional para la Prevención y Lucha contra la Corrupción. La posición en ese documento rector es orientada hacia el enfoque preventivo en el que destaca “el papel que desempeñan las entidades fiscalizadoras superiores, como la ASF”.
La orientación multifacética del trabajo de auditoría desarrollado por las EFS implica que se deben aplicar acciones tendientes a aumentar la conciencia pública acerca de la corrupción y otras irregularidades, mediante la divulgación oportuna y pública de los hallazgos de auditoría; mejorar métodos y herramientas de combate a la corrupción y otros tipos de delito; y cooperar con otras instituciones en el combate a la corrupción.
En el caso de nuestro país, trabajamos con un enfoque preventivo y presencial en los territorios.