La eficiencia gubernamental, el equilibrio entre ingresos recaudados, y recursos ejercidos con racionalidad presupuestaria y transparencia, así como para cubrir gasto social, y necesidades sociales son el marco de las necesidades públicas y de gobierno que afrontan los países. Sin embargo, el criterio de la eficiencia implica eficacia en los procesos propios de cada uno de los tres órdenes de gobierno. En este espacio he puesto énfasis en dos elementos centrales: la recaudación y el ejercicio del gasto público. El énfasis se ha colocado en el nivel local, es decir, en los esfuerzos para fortalecer las responsabilidades recaudatorias de los gobiernos estatales y municipales, y en el correcto ejercicio del gasto público, en beneficio de las clases populares.
Esto implica que tanto la recaudación como el gasto público, son procesos que van juntos y deben ser vigilados con esa lógica. Para lograrlo hay diferentes herramientas, destacando la fiscalización superior, el control interno que apunta la fiscalización, las diferentes evaluaciones a programas presupuestarios y políticas públicas, entre otros. Al respecto, hace unos días fue publicado por la Universidad de Cambridge el texto “Malas políticas públicas” (Bad Public Policy) de la autoría de Michael Howlett, Ching Leong y Tim Legrand. La publicación –que debe observarse siempre con neutralidad, ya que es desarrollada desde una visión multilateral–, destaca como idea principal que comúnmente se espera que “las políticas públicas ‘buenas’ se produzcan mediante mecanismos abiertos y procedimientos participativos en los que el pueblo pueda expresar sus preferencias y los responsables políticos escuchen y actúen de buena fe al determinar las acciones de los gobiernos”.
La tesis de este texto es sugerente y obliga a cuestionar cómo se puede lograr la eficiencia, entendida como el punto de equilibrio entre recaudación, gasto y atención de los problemas sociales.
Lograr este tipo de dinámicas significa cuidar los recursos y el equilibrio social y productivo de las políticas públicas. Es establecer una relación de diálogo y colaboración entre instituciones que implementan programas y aquellas que los revisan, fiscalizan y evalúan. Además, la presencia actual de tecnologías avanzadas que permiten revisiones en paralelo y reducir los tiempos de análisis y comunicación de resultados, facilita también el establecimiento de este tipo de dinámicas institucionales.
En el corto plazo, será importante que con el propósito de contar con mejores procesos de recaudación, ejercicio de gasto y políticas públicas eficaces, se mejoren los entornos de información con los que se diseñan y formulan las políticas. Es decir, que los procesos de revisión sirvan efectivamente para decidir si las políticas y programas públicos, cumplen con sus objetivos de cambio respecto de un problema determinado.
Esto significa mucho para el avance en la solución de problemas a nivel local. Si se logra, crece la probabilidad de que a mayor cantidad de recursos disponibles (a partir de la mejora recaudatoria), mejores provisiones en la asignación presupuestaria para el gasto público y, entonces, mayor cobertura y mejores condiciones para la implementación de programas y políticas públicas, particularmente en los entes con condiciones de pobreza. A nivel local, la fiscalización superior del ejercicio de recursos públicos, actúa con mayor fuerza en una mejor gestión y uso honesto de los recursos públicos.
Todos aspectos en los que la Auditoría Superior de la Federación, y sus entes hermanos en el Mundo, inciden positivamente a través de la práctica permanente de auditorías de cumplimiento financiero, con el apoyo de auditorías forenses y de desempeño.