El ‘auxiliar en la recaudación’

LOS MAGISTRADOS DEL Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) decidieron cerrar filas a principios del presente año para sacudirse el control que pretendía ejercer sobre ellos el gobierno federal.

Por lo mismo, a todo mundo sorprendió el reciente posicionamiento de la semana pasada, respecto a que el órgano jurisdiccional es un “auxiliar en la recaudación”.

El lunes 2 de enero, la misma fecha que la ministra Norma Piña asumía la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, los integrantes del TFJA le cerraban el paso a la magistrada Luz María Anaya.

Se trataba de la pieza estratégica con la que el presidente saliente, Rafael Anzures, pretendía perpetuar el control de la 4T sobre los juicios de mayor trascendencia en materia fiscal.

Antes, habían contado con el apoyo de Olga Sánchez Cordero y del propio Ricardo Monreal para congelar en la Cámara de Senadores la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal.

Su objetivo principal era blindar el camino hacia la presidencia del órgano de la magistrada anticorrupción, Natalia Téllez, con mucha cercanía a la actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Sin embargo, el TFJA empezó a alinearse más a Palacio Nacional.

En el gobierno presumen un incremento de 36 por ciento en el número de juicios ganados a los contribuyentes, esto al menos hasta el cierre del primer trimestre de 2023.

Según el último reporte de la Secretaría de Hacienda, el SAT, que encabeza Antonio Martínez Dagnino, ha resultado victorioso en 3 mil 304 juicios de enero a marzo del presente año.

Con ello han ingresado a las arcas públicas 25 mil 257 millones de pesos adicionales. La proporción indica que gana cinco de cada diez procesos contenciosos, cuando el año pasado esta cifra era de cuatro de cada diez.

Más allá de los números cada vez más favorables hacia la autoridad fiscal, el guiño que se le manda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador hace evidente la nueva cercanía.

Sobre todo cuando ante críticas de abogados y organismos empresariales, el Tribunal decide mantener la frase de “auxiliar en la recaudación” como cabeza de su comunicado y de su tuit más destacado.

EN EL CONCURSO mercantil de Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (TRESE), de Ricardo Silva, se siguen presentando anomalías. De entrada se mal designó como depositaria y con supuestas funciones de conciliador, a Grupo Empresarial Anacar. Se considera que la jueza séptima, María Concepción Elisa Martín Argumosa, la designó ilegalmente. Esa situación se dio porque a toda costa Silva quiere evitar que Anacar, el cual es controlado por él mismo, rinda los informes a la jueza los cuales son revisados por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), que comanda Edgar Bonilla. A Padilla se le ha hecho saber que el dinero desaparece de sus estados financieros sin explicación alguna. Ante ello Trese, vía el abogado Víctor Olea, presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del Ifecom. Argumentan que las personas idóneas para auxiliar a los jueces encargados del concurso mercantil solo pueden ser aquellas en la lista del instituto. Con esa queja Silva pretende excusarse en rendir los informes y que los revisen al decir que tiene denunciado a Bonilla y así mantener una conciliación ilegal que lleva más de seis años obteniendo dinero que no le corresponde.

LA JUEZA PRIMERA de Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, admitió la demanda de concurso mercantil que presentó el fondo neoyorquino Terranum Capital en contra de Industrial Global Solutions, que forma parte de Grupo IGS. Desde el 29 de marzo se ordenó una visita para hacer una revisión integral de la contabilidad de la sociedad, particularmente de ciertas cuentas intercompañías. El visitador es Humberto Bravo Mena, a quien la empresa no ha proporcionado aún los documentos contables correspondientes, por lo que los acreedores han denunciado la posible comisión de un delito en términos del artículo 272 de la Ley de Concursos Mercantiles. Ante la falta de las constancias indicadas, la jueza accedió a una prórroga. En caso de que IGS no ponga a disposición los documentos que le fueron solicitados por el visitador y la jueza concursal, como estados financieros, libros de contabilidad, registros o archivos electrónicos en los que se almacenen datos de la situación financiera, pone en riesgo su declaración en estado de concurso mercantil y que sea objeto de acciones penales.

PRÁCTICAMENTE DESDE QUE inició su gestión en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara acuso escasez de recursos incluso “para pagar la luz”, incluso se escatima en el apoyo a lo deportistas de alto rendimiento que representan a México en las justas internacionales, lo que le ha valido que hasta el momento 34 mil personas apoyen una petición para que sea removida del encargo. Sin embargo, la dependencia no parece estar en números rojos como afirma la exvelocista, pues apenas el 2 de mayo pasado adjudicó el contrato ADJ-S-013-2023 por el que le pagará a la empresa Administraciones Kasai, de Jorge Alberto Peraza y ubicada en la colonia Florida de la alcaldía capitalina Álvaro Obregón, casi 408 millones de pesos por “Servicios informáticos integrales del centro de atención tecnológica”.

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