Colaborador Invitado

Un destello

El ordenamiento territorial de CDMX enfrenta debates sobre propiedad privada, desarrollo urbano, movilidad y coordinación metropolitana.

Seguramente, quien lea estas líneas, coincidirá conmigo en que la oposición está viviendo uno de los momentos más obscuros de la historia de nuestro país. Es tan grave su silencio, que en algunos casos casi podría llamársele complicidad. Particularmente en un momento como el actual, en el que la mira de la Cuarta Transformación se dirige en contra de un derecho tan importante para los mexicanos como lo es el derecho a la propiedad privada. Por ello me resutó tan grato haber conocido hace unos días a Gabriela Salido, política y militante del Partido Acción Nacional (PAN), con más de dos décadas de experiencia en el servicio público.

Al charlar con ella, me llamó la atención su interés y conocimiento en la continuidad de una agenda que hoy cobra especial relevancia: la defensa del espacio público, la movilidad y el ordenamiento territorial, justo cuando se discuten decisiones que marcarán el futuro de la Ciudad de México.

Hoy, esas materias adquieren especial trascendencia ante dos debates: el Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México y el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

En el caso del POZMVM, Gabriela Salido, desde Acción Nacional, cuestiona los mecanismos de aprovechamiento del suelo, las posibles afectaciones al patrimonio de las familias y, particularmente, la creación de un fideicomiso metropolitano.

Las interrogantes que ella se plantea son concretas: ¿cuánto deberán aportar los gobiernos locales?, ¿quién decidirá el destino de los recursos? y ¿qué garantías habrá para fiscalizar su ejercicio, sin comprometer las finanzas municipales ni la prestación de servicios públicos?

También ha puesto sobre la mesa los posibles efectos de las medidas relacionadas con los predios baldíos y subutilizados, así como los cambios en los valores catastrales.

La planeación urbana no puede reducirse a documentos técnicos ni a una disputa entre gobierno y oposición. Exige información pública, participación ciudadana efectiva y reglas transparentes para determinar quién decide, quién paga y quién responde por las consecuencias.

La coordinación metropolitana es necesaria, pero también debe respetar las facultades de los gobiernos locales y considerar las necesidades de quienes habitamos la ciudad.

Al conocer a Gabriela Salido, me pareció relevante observar cómo una agenda vinculada durante años con el espacio público y el ordenamiento territorial se conecta hoy con decisiones de gran alcance.

Su trayectoria refleja un trabajo sostenido en torno a la planeación urbana y sus implicaciones. Una labor relevante ante el reto de ordenar el territorio para garantizar movilidad, seguridad hídrica, vivienda, infraestructura y servicios públicos suficientes.

Considero que la Ciudad de México requiere ser reordenada y desarrollada hoy con responsabilidad. Me parece que estamos obligados a ello frente a las nuevas generaciones, que merecen vivir en una ciudad más ordenada, habitable y respetuosa de los recursos naturales cada vez más escasos. Hago votos porque gente como Gabriela Salido que conoce tan bien este tema, pueda dar claridad ante la apremiante realidad.

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