La corrupción, en todos sus ámbitos, es un factor que afecta la competitividad de las empresas. Pero antes de enfocarnos en el problema de la corrupción, vale la pena preguntarnos cómo beneficia la competitividad empresarial a la sociedad.
Con frecuencia pensamos que sus efectos se limitan al mundo de los negocios.
Sin embargo, van mucho más allá: la competitividad se traduce en la generación de empleos y en el acceso a mejores bienes y servicios, tanto en términos de precio como de calidad. De ahí que la corrupción no afecte únicamente a las empresas, sino también a las personas y a las condiciones de vida de nuestras comunidades.
La corrupción deteriora el entorno social, afecta el poder adquisitivo y en casos extremos puede llevar al cierre de negocios y, con ello, a la pérdida de empleos formales. Además, cada vez que cierra un negocio formal se abre un espacio para la informalidad.
Sin lugar a dudas, son varios los factores que contribuyen al crecimiento de la informalidad. Sin embargo, la corrupción también incide en la generación de empleos formales y en otros ámbitos fundamentales, como la recaudación de contribuciones. Al no promover la creación de unidades económicas formales y cumplidas con sus obligaciones fiscales, también se limitan los recursos disponibles para financiar el gasto público y mejorar la calidad de vida de las personas.
Un porcentaje importante de nuestra economía se encuentra en la informalidad. De acuerdo con el INEGI, la economía informal representó 25.4% del PIB en 2024, mientras que el empleo informal alcanzó 55% en 2025. La economía informal representa, por tanto, un reto estructural para nuestro país.
La corrupción es uno de los grandes obstáculos para construir un círculo virtuoso que impulse la competitividad. Fomenta la informalidad y dificulta la construcción de un país con altura de miras, capaz de atraer inversiones nacionales y extranjeras.
Al analizar los estándares internacionales que miden los niveles de corrupción, observamos una relación clara entre integridad institucional, democracia y desarrollo. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, los países con mejores resultados son, en su mayoría, democracias sólidas. Canadá obtuvo 75 puntos; Dinamarca, 89; Finlandia, 88, y Noruega, 81.
México obtuvo 27 puntos y se ubicó en la posición 141 de 181 países. En 2020, nuestro país ocupaba la posición 124. En contraste, algunos de los principales países que invierten en México se ubicaron en mejores posiciones en 2025: Canadá, en la 16; Estados Unidos, en la 29, y España, en la 49.
Por ello, insisto: la corrupción no contribuye a fomentar la formalidad, y la formalidad es una plataforma indispensable para hacer de México un país más competitivo. Es en la economía formal donde pueden generarse mejores condiciones de productividad, un factor clave para el desarrollo de las naciones.
Corea del Sur, por ejemplo, alcanzó altos niveles de desarrollo a partir de una apuesta decidida por mejorar su productividad.
Aspiramos a ser un país desarrollado, y no únicamente para ocupar una mejor posición en el mundo por el tamaño de nuestra economía. Aspiramos a mejorar la calidad de vida de nuestra población en ámbitos como la educación, la atención médica, la certeza jurídica, la seguridad y la integridad física, así como en la generación de empleos con mayores niveles de capacitación y remuneración.
La generación de empleos depende de la inversión productiva. Nuestra economía participa en una competencia global por atraer inversiones e incrementar nuestras exportaciones. Sin embargo, no podemos alcanzar mayores niveles de desarrollo si la corrupción continúa presente como una práctica que distorsiona las reglas, eleva los costos y desalienta la inversión.
He hablado de los efectos de la corrupción, pero ¿qué la fomenta?
Son varios los factores que pueden propiciarla, entre ellos la sobrerregulación administrativa, la discrecionalidad injustificada, la opacidad y la falta de evaluaciones objetivas que permitan medir los avances en su reducción.
También tenemos el reto de mejorar la calidad en el ejercicio del gasto público y reducir los espacios para las prácticas indebidas.
Por eso, para reducir la corrupción debemos pasar del discurso a las acciones. Se requieren instituciones sólidas, reglas claras, procesos transparentes, evaluación permanente y una verdadera voluntad para cerrar los espacios que permiten que las prácticas indebidas continúen.
Combatir la corrupción no es únicamente una obligación ética. Es una condición indispensable para fortalecer la formalidad, elevar la productividad, atraer inversión y construir el país desarrollado al que aspiramos. #OpinionCoparmex