En los últimos años, México ha construido —a través del aumento sostenido del salario mínimo y las nuevas reglas laborales— un primer piso más amplio y más digno para quienes trabajan. El nuevo gobierno se presenta a sí mismo como el segundo piso de la transformación, una etapa que busca consolidar y profundizar lo logrado. Pero hay un detalle que importa para la economía: no se sostiene solo con voluntad política ni con cambios normativos. Para llegar ahí, hace falta una escalera: productividad. Sin ella, el primer piso puede estar construido, pero no puede crecer; y el segundo, simplemente, no tiene cómo sostenerse.
Esa es la conversación que falta en medio de las reformas laborales que están definiendo el momento político. Por un lado, el aumento de 13% al salario mínimo para 2026, que lo llevará a 315 pesos diarios. Por el otro, la aprobación de la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que se concretará en 2030. Ambas medidas son ambiciosas; ambas buscan reivindicaciones históricas. Y, sin embargo, ambas comparten un riesgo silencioso: presionan los costos laborales justo en un momento en el que la productividad del país no solo no crece, sino que retrocede.
Los datos son contundentes. Entre el cuarto trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2025, la productividad laboral —medida a través del Índice Global de Productividad Laboral de la Economía, basado en horas trabajadas, que publica el INEGI— acumuló una caída de 3.2%. Al mismo tiempo, el ingreso laboral per cápita real, reportado también por el INEGI en los indicadores de pobreza laboral, creció 34.1% y se moderó a 32.4% al cierre del tercer trimestre de 2025. Dicho de otra manera: la capacidad de producir más valor por hora disminuyó, mientras que el ingreso real aumentó con fuerza.
No se trata de una condena a los aumentos salariales —que eran necesarios—, sino de una alerta sobre su sostenibilidad. Sin mejoras sostenidas en productividad, los incrementos de ingreso terminan ejerciendo presión sobre tres frentes: los precios, los márgenes empresariales y la capacidad de contratación. Es una ecuación que tarde o temprano se hace evidente.
El riesgo ya asoma. Tras el aumento de 2026, el salario mínimo quedará aproximadamente 2% por encima del salario mediano, lo que incrementa el riesgo del efecto faro: cuando el mínimo supera al mediano, muchas empresas ajustan hacia arriba otras categorías salariales. Eso eleva ingresos, pero también alimenta presiones en sectores donde el costo laboral es determinante, como los servicios.
De hecho, la inflación en servicios se mantiene persistentemente por arriba de sus promedios históricos: vivienda crece a 3.4% contra un histórico de 2.4%; educación a 5.8% frente a 4.5%; y otros servicios a 5.4% versus 3.3%. Estos rubros no bajan rápido y responden, entre otros factores, a aumentos en costos laborales, sobre todo en segmentos de alta formalidad. Con una economía donde la productividad no acompaña, esta dinámica será difícil de revertir.
A ello se suma la nueva ruta de reducción de la jornada laboral: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030. La gradualidad suaviza el ajuste, pero no elimina su impacto. Para miles de Pymes —particularmente en comercio y servicios—, trabajar menos horas significa reorganizar turnos, contratar más gente o ajustar precios. Cualquiera de esas tres decisiones se vuelve más costosa si la productividad no aumenta.
Este escenario coloca a las políticas macroeconómicas en un margen estrecho. Banxico enfrentará en 2026 una inflación difícil de ubicar por debajo de 4%, con una subyacente que, de acuerdo con las tendencias actuales, podría mantenerse alrededor de 4.5%. Esto limita el espacio para extender el ciclo de recortes sin comprometer su credibilidad. Al mismo tiempo, la política fiscal opera con recursos acotados.
Por eso, la pieza que falta es una política nacional de productividad, entendida no como un concepto abstracto, sino como un conjunto concreto de intervenciones que permitan producir más valor por hora trabajada. Esto incluye movilidad urbana que reduzca tiempos improductivos; infraestructura logística que agilice el flujo de bienes; energía suficiente y confiable para evitar interrupciones; digitalización y automatización accesibles para empresas pequeñas; capacitación laboral continua; un sistema de seguridad social que incentive la formalidad; y un marco regulatorio que no penalice la expansión de negocios.
También implica reconocer el tamaño del desafío: más de la mitad de la fuerza laboral mexicana trabaja en la informalidad, donde ni los aumentos salariales ni las reformas laborales tienen impacto directo, pero sí sienten los aumentos de precios derivados de ellos.
México necesita la escalera que permita subir, sostener y ampliar lo logrado. Esa escalera es la productividad. Con ella, el segundo piso puede ser una realidad sostenible y duradera.
