En el mundo de las finanzas públicas, existe un término implacable: la inflación médica -el aumento en el costo de fármacos, tecnologías y servicios hospitalarios- la cual siempre viaja a mayor velocidad que la inflación general. Mientras el consumidor promedio se preocupa por el precio de la canasta básica, los sistemas de salud enfrentan una escalada de costos agresiva.
Al analizar el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, (DOF 20/11/25) se observa que el Gobierno Federal ha diseñado un presupuesto de contención financiera más que de expansión sanitaria.
El Decreto, con su techo de gasto neto de 10.19 billones de pesos, aborda la inflación médica con una reingeniería administrativa. El análisis revela que el Ejecutivo ha internalizado las presiones inflacionarias -tanto de mercado como demográficas- transfiriéndolas hacia estructuras centralizadas y restringiendo la expansión de la capacidad instalada.
La prueba más contundente de esta presión financiera reside en la ‘inflación demográfica’ del IMSS, el cual tendrá un aumento nominal del 8.23% en su presupuesto para el 2026. Sin embargo, el Artículo 5 del Decreto revela la realidad: el 50% de ese dinero, casi 796 mil millones de pesos, es una transferencia intocable para pagar pensiones en curso. Esto significa que la mitad del presupuesto del instituto más grande del país no combate la inflación médica actual, sino que paga los pasivos laborales del pasado.
Ante la imposibilidad de aumentar el gasto real indefinidamente, el gobierno apuesta por convertirse en el único gran comprador del mercado para forzar los precios a la baja. No se trata solo de transferir fondos al IMSS-Bienestar (Ramo 56), sino de la reciente reingeniería liderada por la Secretaría de Salud, para centralizar y consolidar la decisión de compra de todo el sector.
El Estado busca someter los precios de la industria farmacéutica mediante economías de escala inéditas. El Artículo 9 y el Anexo 9 refuerzan esto, imponiendo límites estrictos a las adjudicaciones directas por parte de las Instituciones (cuyo tope máximo por operación será de 1.14 millones de pesos), obligando a que las grandes compras se realicen mediante licitaciones públicas consolidadas
Sin embargo, si esta concentración de poder no se traduce en eficiencia logística, el riesgo ya no será la dispersión de precios, sino el colapso simultáneo del abasto en todo el sistema. Además, si los laboratorios no pueden sostener sus márgenes debido a sus propios costos financieros, el resultado no será el ahorro, sino la licitación desierta, el incumplimiento de contratos y el desabasto.
Finalmente, ¿quién paga la factura que no cubre el presupuesto? La infraestructura. Aunque los directores del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar han anunciado una inversión conjunta para edificar una veintena de hospitales en 2026, la realidad normativa del Artículo 26 del Decreto es claro: se prohíbe comprometer ‘nuevos proyectos’ que no garanticen continuidad. Esto significa que, salvo estas excepciones focalizadas, la inmensa mayoría del sistema nacional no verá expansión, sino contención. Al limitar la obra nueva a lo estrictamente autorizado, el sistema opta por exprimir la infraestructura existente hasta el límite, lo que pudiera acelerar el deterioro de unidades médicas que ya operan bajo estrés.
Este escenario de restricción fiscal cobra una dimensión alarmante al contrastarlo con el mercado privado. Mientras el presupuesto operativo público se estanca en términos reales, las proyecciones actuariales sitúan la inflación médica privada para 2025 en niveles cercanos al 14.9% (3.5 inflación general). Esta brecha de doble dígito entre el costo real de la salud y la capacidad de gasto del Estado no desaparecerá por decreto; será financiada directamente por el bolsillo de las familias mexicanas, ya sea a través de un gasto catastrófico ante la insuficiencia pública o mediante el encarecimiento inevitable de las primas de Seguros de Gastos Médicos Mayores, ampliando la desigualdad en el acceso a la salud.
El PEF 2026 es, en resumen, un ejercicio de realismo fiscal ante una inflación médica galopante. Tiene aspectos rescatables, como el mantenimiento de recursos etiquetados para vacunación y salud materna -que, aunque ajustados a la baja en términos reales, sobreviven a la extinción operativa del Ramo 12-, el intento de corregir la anarquía de precios en los estados y, notablemente, el esfuerzo presupuestal destinado a la justicia laboral: la homologación salarial en el IMSS-Bienestar busca saldar, por fin, una deuda histórica con miles de trabajadores sanitarios que operaban en la precariedad. Sin embargo, la cobija no alcanza para todo.
Para garantizar la viabilidad futura, es urgente desligar contablemente el gasto en pensiones del gasto en salud e incrementarlo al menos en un punto del PIB, por lo que se necesita mayor transparencia para entender cuál es la “inflación médica real” que enfrenta el Estado. El reto 2026 no será gastar más, sino evitar que la inflación devore el derecho a la salud.
