La temporada de huracanes y lluvias intensas que vivimos este año en México ya no puede considerarse un fenómeno atípico. Es una evidencia clara de que el cambio climático está provocando eventos meteorológicos cada vez más frecuentes, intensos y devastadores, que ponen a prueba a comunidades, empresas, gobiernos y, sobre todo, al sector asegurador.
Las cifras hablan por sí solas. Tan solo en 2024, los fenómenos hidrometeorológicos concentraron el 83.6% de las pérdidas económicas por desastres en México, según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Este dato refleja no sólo la magnitud del impacto climático, sino también la urgencia de fortalecer los mecanismos de gestión de riesgos, prevención y aseguramiento.
Para el sector asegurador, este entorno representa un punto de inflexión. Los modelos tradicionales de evaluación de riesgo, diseñados con base en patrones históricos, resultan cada vez menos precisos en un contexto donde los siniestros son más impredecibles, recurrentes y costosos. Fenómenos como huracanes de rápida intensificación, lluvias torrenciales en zonas antes consideradas de bajo riesgo o sequías prolongadas, están modificando los mapas de exposición y vulnerabilidad en todo el territorio nacional.
Un claro ejemplo de ello fue el huracán Otis, considerado uno de los más costosos en la historia para el sector asegurador, con un impacto superior a 2,125 millones de dólares, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Pero este no ha sido un caso aislado. Países con alta exposición a huracanes y fenómenos hidrometeorológicos enfrentan incrementos similares en pérdidas económicas, lo que refuerza la necesidad de una gestión de riesgos climáticos más estratégica y proactiva.
Invertir en infraestructura resiliente, promover la educación y cultura de prevención, y fortalecer los mecanismos de aseguramiento son acciones que no solo protegen vidas y patrimonio, sino que también sostienen la estabilidad económica y social frente a un entorno climático cada vez más volátil.
A pesar de ello, menos de la mitad de los 5.5 millones de negocios en México cuentan con un seguro que los proteja frente a estos riesgos, según el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (CONCOMERCIO). Esta combinación de alta exposición y baja protección representa una amenaza económica y social: cada empresa sin cobertura implica un posible cierre, una familia sin ingresos y una comunidad más vulnerable frente a la adversidad.
El reto para las aseguradoras es redefinir sus estrategias de cobertura, diversificación y reaseguro, incorporando herramientas tecnológicas como el análisis de datos climáticos, la modelación predictiva y la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer la cultura de prevención y protección financiera, tanto en el sector público como en el privado, para cerrar las brechas de aseguramiento que aún persisten.
En un país donde el riesgo climático es parte de la vida cotidiana, hablar de seguros no significa hablar de gasto, sino de gestión estratégica, continuidad operativa y desarrollo sostenible. El clima seguirá cambiando; lo importante es que el sector asegurador y la sociedad aprendan a anticiparse, adaptarse y protegerse.
