Hay temas que resultan tan claros que simplemente no queda más que aceptarlos y dejar pasar el debate para otros que resultan menos contundentes. La seguridad en México es uno de estos temas, en donde, independientemente de ideologías o colores partidistas, hay plena conciencia en la sociedad de que esta es la gran asignatura pendiente que tenemos como país.
Gobiernos han ido y venido; partidos han ofrecido estrategias diversas para lograr la paz y seguridad que todos anhelamos. Todos han fracasado. Desde la “guerra a la delincuencia” hasta los “abrazos, no balazos”, el resultado ha sido siempre el mismo: justificaciones inaceptables para intentar explicar la incapacidad de quienes tienen el deber de darnos seguridad.
Ya lo decían filósofos como Hobbes, Locke y Rousseau: el contrato social que crea a los Estados es el acuerdo mediante el cual los ciudadanos ceden parte de su libertad individual para formar una sociedad y acatar a una autoridad gubernamental, a cambio de la protección de sus derechos y del orden social. Autolimitación a cambio de protección. Así de simple es la fórmula.
Un gobierno incapaz de brindar seguridad a sus ciudadanos incumple con su obligación más elemental, traiciona el contrato social que sostiene su legitimidad y, en consecuencia, su razón misma de existir.
Aunque, desafortunadamente, son muchos y muy variados los delitos que aquejan a nuestra sociedad, en esta ocasión quiero referirme a uno que crece descontrolado en nuestro México como el cáncer terminal crece en un cuerpo enfermo. Me refiero al delito de extorsión, que en los primeros seis meses del año aumentó 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando su nivel más alto desde que existen registros.
La extorsión es un delito grave que causa estragos en el país, afectando a todos por igual, pero con efectos especialmente devastadores en las micro, pequeñas y medianas empresas. Ante la ausencia de la autoridad del Estado en grandes partes del país, el poder de los delincuentes simple y llanamente tiene estrangulada a la sociedad, imponiéndole pesados gravámenes con consecuencias devastadoras en el sentimiento de seguridad, la formalidad, la libertad para emprender y, en última instancia, en la economía nacional.
Desde Coparmex hemos manifestado que continuar por este camino no solo afecta el Estado de derecho, sino que inhibe la inversión y el crecimiento económico, condiciones necesarias para la generación de empleos y el desarrollo social.
Por ello, es de vital importancia que gobierno y sociedad, unidos, llevemos a cabo una cruzada nacional en contra de la extorsión. Hace muchos años habría sido el mejor momento para hacerlo, pero el segundo mejor momento es hoy.
Un buen comienzo en esta dirección ha sido la reciente aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Esta impostergable legislación era un requisito indispensable —aunque insuficiente— para enfrentar este delito.
Brindará a las autoridades las herramientas necesarias para atacar este flagelo; aunque, desde luego, deberá ir acompañada de cuerpos policiacos y fiscalías adecuadamente dirigidos, sostenidos, capacitados y motivados.
México no aguanta más. Los mexicanos nos rehusamos a seguir viviendo con miedo. Tenemos el derecho a vivir seguros y en paz. No más excusas. Las autoridades simple y llanamente están obligadas a cumplir su parte del contrato social. O sirven para eso, o, francamente, uno tendría que preguntarse para qué sirven.
México es un país extraordinario. Somos herederos de una gran historia y cultura. Tenemos todo para vivir mejor, comenzando por vivir en un país seguro. Si nos lo proponemos, gobierno y sociedad podemos lograrlo. ¡La bola está en nuestra cancha! #OpiniónCoparmex
