La autora es directora de la Licenciatura en Finanzas y profesora investigadora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
La inclusión financiera es un pilar esencial para el desarrollo económico y social. No consiste únicamente en abrir una cuenta bancaria, sino de participar plenamente en la vida económica. Esto significa la capacidad de ahorrar, invertir, recibir ingresos formales y acceder a servicios que fortalecen la estabilidad y la movilidad social. Para las personas en movilidad, como solicitantes de asilo y refugiados, tener acceso a productos financieros formales puede marcar la diferencia entre la vulnerabilidad y la posibilidad de construir un futuro con dignidad.
Aunque muchos cuentan con la documentación necesaria para abrir una cuenta, enfrentan barreras prácticas: desde el desconocimiento de los procesos hasta la falta de protocolos adaptados a su situación dentro de las instituciones financieras. Esto limita su autonomía financiera y deja fuera a miles de personas que podrían contribuir al ahorro, la inversión y al flujo formal de remesas.
Según el Informe de Cultura Financiera: Inclusión y Remesas en el Noreste de México realizado por investigadoras e investigadores del FAIR Center del Tecnológico de Monterrey en colaboración con ACNUR, el 62% de la población en movilidad percibe positivamente al sistema financiero, aunque el 50.5% que envía remesas ha utilizado terceras personas o intermediarios informales, mientras que para quienes reciben remesas esta proporción es de 26.9%. Estos canales informales implican costos elevados, riesgos de seguridad y menor transparencia, limitando la capacidad de estas personas para aprovechar plenamente los beneficios económicos de su esfuerzo.
En México, una gran proporción de familias que reciben remesas prefieren cobrar en efectivo, lo que limita su acceso al sistema financiero formal. Esta práctica refleja entre varios factores, la desconfianza en las instituciones y la falta de herramientas accesibles para personas en movilidad, que a menudo enfrentan barreras documentales y educativas. Al mantenerse fuera del sistema bancario, las remesas pierden su potencial para impulsar estabilidad y desarrollo, perpetuando la vulnerabilidad económica de quienes buscan una nueva oportunidad en el país.
Países con alta recepción de remesas, como India, México, China y Filipinas —según el World Bank Group (2023)—, han demostrado que la inclusión financiera puede potenciar el desarrollo económico. En India, el programa PM Jan Dhan Yojana y el sistema biométrico Aadhaar han permitido abrir millones de cuentas básicas; en China, plataformas como WeChat Pay integran a migrantes al sistema financiero mediante billeteras digitales; y en Filipinas, la Fintech GCash convierte las remesas en una vía hacia el ahorro y los pagos móviles. Estos casos muestran que la modernización tecnológica y regulatoria puede transformar las remesas en motores de inclusión y estabilidad económica, una lección que México puede aprovechar para fortalecer su propio sistema financiero.
Particularmente hablando de países con alta movilidad, existen casos donde ha promovido la inclusión financiera a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. En Colombia, solicitantes de asilo y refugiados pueden abrir cuentas digitales y recibir educación financiera; en EU, las Community Development Financial Institutions aceptan documentos alternativos para facilitar la integración crediticia de personas en movilidad; en Guatemala, Tigo Money permite recibir remesas y acceder a servicios móviles; y en España, programas conjuntos entre gobierno e instituciones financieras brindan cuentas básicas y capacitación financiera a refugiados.
México tiene la oportunidad de transformar la inclusión financiera de las personas en movilidad y convertirla en un motor de desarrollo. La regulación, la tecnología y la educación financiera son pilares esenciales para lograrlo. La modernización del sistema financiero, con herramientas como CoDi del Banco de México, podría fortalecerse mediante el uso de biometría para facilitar la apertura de cuentas básicas. Esto permitiría a personas en movilidad y trabajadores informales acceder a servicios financieros y contribuir a la formalización económica.
Incluir financieramente a quienes buscan en México una nueva oportunidad es invertir en estrategias que promuevan el desarrollo. La movilidad continuará marcando nuestro presente; la verdadera pregunta es si estaremos preparados para convertirla en un impulso de progreso.
Este artículo se elaboró en colaboración con Carolina Sánchez Zelaya y Joseline Manzano Hernández, estudiantes de la Licenciatura en Finanzas del Tec de Monterrey.
