La digitalización dejó de ser una tendencia para convertirse en el terreno mínimo donde cualquier empresa debe operar si quiere mantenerse competitiva. Automatizar procesos, migrar ventas a plataformas digitales y adoptar herramientas de inteligencia artificial ya no son decisiones estratégicas: son condiciones de supervivencia. Sin embargo, este salto tecnológico ha rebasado a la regulación mexicana, que hoy intenta caminar detrás de avances que evolucionan a una velocidad sin precedentes.
Un estudio reciente elaborado por Santamarina + Steta, “el CLO Survey” (PENDIENTE NOMBRE) , revela con claridad el nuevo mapa de preocupaciones para las direcciones jurídicas del país. Tres temas concentran la atención: la reforma judicial, la complejidad regulatoria y la transformación digital. No es casualidad que los tres estén íntimamente vinculados. México vive una reconfiguración simultánea del marco jurídico y de la infraestructura tecnológica con la que operan las empresas, y los responsables legales se encuentran en medio de ese cruce.
Las compañías, grandes y pequeñas, ya integran la tecnología en cada decisión. Desde sistemas de automatización para elevar la productividad hasta plataformas digitales para ampliar mercados, pasando por la IA generativa que hoy responde consultas legales, redacta documentos y optimiza procesos. Pero el entusiasmo empresarial contrasta con un marco normativo que apenas alcanza para “sobrevivir”. No existe en México una ley específica de inteligencia artificial, y aunque se puede operar con normas dispersas—protección de datos personales, responsabilidad civil, derechos de autor—estas no fueron diseñadas para enfrentar los dilemas actuales: sesgos algorítmicos, ciberseguridad, transparencia en modelos automatizados o propiedad intelectual sobre obras generadas por IA.
La ausencia de regulación clara no frena el uso de estas tecnologías, pero sí incrementa los riesgos. Las empresas se enfrentan a un terreno donde innovar implica navegar en zonas grises, y donde una brecha de seguridad o un mal manejo de información puede derivar en sanciones severas. México requiere reglas modernas, flexibles y realistas, capaces de proteger derechos sin frenar la innovación.
A este escenario se suma la mayor transformación judicial de las últimas décadas. La reforma al Poder Judicial abrió una etapa marcada por la incertidumbre y, posteriormente, por una expectativa generalizada: ¿funcionarán los nuevos mecanismos, los nuevos jueces y los procesos digitalizados que promete el cambio? El reto se vuelve más profundo ante el recorte de doble dígito al presupuesto judicial previsto para 2026. Con recursos ajustados, una montaña de asuntos rezagados y una curva de aprendizaje inevitable para magistrados y jueces recién nombrados, el riesgo es evidente: que la digitalización judicial quede solo en discurso y no en resultados.
Y sin embargo, existe también una oportunidad. Si el Poder Judicial logra consolidar procesos electrónicos sólidos, transparentes y seguros, podría romper inercias históricas de lentitud e inaccesibilidad. La digitalización, bien implementada, puede volver más predecible, eficiente y clara la impartición de justicia. Para el sector empresarial, esto significaría no solo mayor certidumbre, sino un entorno donde innovar no implique riesgos jurídicos innecesarios.
El gran indicador, será el acceso efectivo a la justicia: casos que avancen, resoluciones oportunas, criterios consistentes y un sistema capaz de proteger derechos con la misma velocidad con la que evoluciona la tecnología.
La transformación digital y la reforma judicial no son caminos paralelos: están entrelazados. México se encuentra en un punto decisivo donde puede optar por modernizar su marco regulatorio, profesionalizar sus instituciones y acompañar al sector productivo en la transición tecnológica. O puede dejar que la brecha entre innovación y derecho se haga insalvable.
El tiempo para decidir no es futuro. Es ahora.
