Uno de los primeros avances de la transición democrática del siglo pasado fue colocar una fotografía a la credencial de elector para tener una mayor certeza de quién estaba ejerciendo su voto.
Con ello vino la actualización del padrón electoral, ya que este no gozaba de la confianza y legitimidad de todos los actores involucrados en el juego electoral, ni de la ciudadanía. Se decía en aquellos años que hasta los muertos votaban en las elecciones.
Hoy no nos podemos imaginar llegar a votar con una credencial sin fotografía, sin nuestra huella y sin nuestra firma, aunado a todas las medidas de seguridad y candados tecnológicos que le ha agregado el Instituto Nacional Electoral (INE) para darnos certeza de nuestro voto.
La credencial de elector es tan esencial que no solo representa el derecho ciudadano a participar en las elecciones; es también el documento de identidad más confiable y usado en nuestro país, así como un referente internacional en materia de seguridad documental y protección de datos personales.
La credencial para votar con fotografía ha tenido y tiene una permanente evolución tecnológica, renovándose para responder a las circunstancias de los tiempos y a los avances más recientes de la ingeniería de identificación.
La historia nos demuestra que la democracia también se construye con tecnología, innovación y gestión pública responsable, ya que detrás de cada credencial de elector entregada hay un sistema complejo de seguridad, transparencia y soberanía tecnológica que protege la confianza ciudadana en su identidad.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha mantenido una evolución constante en la credencial para votar, consolidándola como un documento de identidad seguro e inclusivo.
Los avances más recientes buscan garantizar que la credencial sea prácticamente infalsificable mediante tecnología de vanguardia.
El INE confirma su papel de líder a nivel internacional en tecnología y su compromiso con una democracia en evolución. Esto lo hace a través de la emisión, actualización y protección de la credencial para votar, utilizando herramientas tecnológicas que se están desarrollando constantemente y que requieren que el INE se adapte e innove de manera continua.
Otro aspecto relevante de la credencial de elector es que trasciende su función administrativa; es un símbolo tangible de pertenencia a la comunidad política mexicana y un marcador universal de identidad legal para los adultos.
Su posesión otorga acceso pleno a los derechos y responsabilidades de la ciudadanía, generando cohesión social.
Además, se configura como un contrato social de confianza. Al ser emitida por una institución autónoma y confiable (el INE), la credencial representa el “contrato social” entre el ciudadano y el Estado, validando su existencia e identidad dentro del sistema legal y social. Las medidas de seguridad refuerzan esta confianza pública.
La credencial de elector y el padrón electoral son de las bases de datos más cruciales de nuestro país. El INE ha venido manejando estas bases de datos de forma profesional y en constante actualización de manera tan exitosa y segura, que tiene la confianza ciudadana.
Esto se observa en los módulos repartidos en los 300 distritos electorales, que siempre se encuentran trabajando para que la ciudadanía acuda a tramitar o renovar su credencial. Otro ejemplo del éxito y profesionalismo de la base de datos del padrón electoral que maneja el INE son sus diversos convenios, entre ellos, con las fiscalías estatales, para ayudar en la identificación de personas desaparecidas.
A pesar de los recortes presupuestales que sufre año con año el INE, sigue siendo una institución autónoma que se ocupa por la actualización del modelo de la credencial para votar.
Esto se reafirmó con el acuerdo aprobado por el Consejo General del INE el pasado mes de agosto. Con el cual se actualizaron materiales, se mejoraron los algoritmos de cifrado, se incorporaron tecnologías inclusivas, con lo que se consolidó su autonomía tecnológica.
Con todo ello, el INE protege nuestros derechos político-electorales y se pone a la vanguardia de las exigencias democráticas.
