El anuncio del gobierno de México de elevar aranceles a cerca de 1,500 productos provenientes de países sin tratado de libre comercio —con China en el centro— es un paso relevante dentro del “Plan México”. La medida busca mostrar a Estados Unidos un compromiso con la integración regional y con el impulso al valor agregado local. Washington, por su parte, ha advertido que perseguirá con rigor el transbordo de insumos chinos en territorio mexicano y que impondrá sanciones a quienes intenten evadir los nuevos esquemas arancelarios. México ya anticipa a sus empresas lo que viene: si no ajustan sus cadenas de suministro ahora, tarde o temprano tendrán que hacerlo.
Los aranceles, que podrían llegar hasta 50%, se concentrarían en vehículos y autopartes, acero, textiles, juguetes, electrodomésticos, muebles y calzado. El objetivo oficial es proteger más de 320,000 empleos industriales y apuntalar la producción nacional en sectores afectados por precios de referencia bajos, principalmente de origen asiático. China, con alrededor de 20% de las ventas de autos nuevos en México, es el principal objetivo de la medida. Beijing, por su parte, advirtió que considerará este paso como una concesión a Washington y podría responder con represalias en sectores estratégicos como el cobre.
En el debate global existe consenso: China mantiene una sobrecapacidad industrial apoyada en subsidios, lo que le permite abarcar mercados a cualquier costo. La industria automotriz es un ejemplo claro: marcas chinas abren agencias con rapidez y ofrecen precios bajos gracias a incentivos estatales, sin generar inversión ni empleo significativo en México. Desde la óptica de la justicia comercial, esto no solo es competencia desleal, sino también un asunto de seguridad nacional, pues abre la puerta a una creciente influencia de China basada en prácticas comerciales depredatorias.
Sin embargo, la presión estadounidense trasciende el ámbito estrictamente comercial. A través de la imposición y amenaza de aranceles, Washington busca que el sector privado mexicano se involucre más directamente con el gobierno y se convierta en un actor activo en el rechazo a la ilegalidad en el país, dejando atrás el papel de “cómplice pasivo” frente a la criminalidad. Aunque las empresas no participan de manera directa en actividades ilícitas, con frecuencia toleran o normalizan entornos de corrupción y violencia. Para el gobierno de Estados Unidos, esta actitud resulta inaceptable.
La expectativa es que el empresariado asuma un papel protagónico: presionar al gobierno, dejar de mirar hacia otro lado y rechazar cualquier vínculo —directo o indirecto— con estructuras ilegales.
El mensaje de Estados Unidos es claro: la redefinición de la relación bilateral exige dos cambios paralelos. Primero, limitar la influencia china con reglas comerciales más equilibradas. Segundo, asumir un compromiso empresarial firme frente a la legalidad en México. No se trata solo de cumplir en el terreno comercial, sino de transformar actitudes y responsabilidades.
Aun así, esto no implica la eliminación total de los aranceles, ya que la administración estadounidense también persigue objetivos complementarios como la recaudación fiscal y el fortalecimiento de ciertas industrias nacionales. Asimismo, es previsible que en el corto y mediano plazo surjan nuevos puntos de presión sobre México. Esta es la nueva realidad que Estados Unidos impone y frente a la cual debemos estar preparados.
El giro profundo en la política comercial de Estados Unidos conlleva transformaciones estructurales tanto en su propia economía como en la mexicana. Este escenario exige un cambio de mentalidad colectiva: no basta con señalar únicamente a los gobiernos, sino que es necesario reconocer los ajustes que cada individuo y cada empresa deben asumir en su actividad económica y social para enfrentar la nueva realidad comercial del bloque.
