México está a las puertas de un nuevo capítulo en el sector eléctrico: mayor apertura, más colaboración con las autoridades y una visión compartida de largo plazo.
Las metas del gobierno federal para 2030, incluyen que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá incorporar cerca de 13 gigawatts de generación térmica y limpia, mientras que al sector privado se le perfila una meta aún más ambiciosa, arriba de 6,000 megawatts limpios adicionales. El cumplimiento de estos objetivos implica la instalación de cerca de 3 GW anuales de nueva capacidad de generación renovable. Un reto monumental en la dirección correcta.
La generación renovable eólica está disponible. México tiene recursos renovables de sobra: Oaxaca sigue siendo un gigante eólico y estados como Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León ya se perfilan con capacidad de aportar más energía eólica en los próximos años.
Tal como los planes del Gobierno han previsto, la incorporación de nueva generación con una proporción renovable tan importante como la que se plantea requiere que sea acompañada de inversiones en la Red Nacional de Transmisión y en las Redes Generales de Distribución. En ese sentido, la oportunidad, la magnitud y la coordinación de las inversiones en el transporte de la energía con la instalación de la nueva capacidad de generación es de suma relevancia.
A esto se suma la necesidad de consolidar una cadena de valor local. Los grandes fabricantes de torres y aspas —en su mayoría europeos y chinos— necesitan certeza y la demanda mínima necesaria para instalar sus plantas en México. Esto no sólo abarataría costos, también multiplicaría los beneficios en empleo, tecnología e inversión. Para lograrlo, el país debe asegurar un mercado confiable y estable que fortalezca la confianza de los inversionistas.
El reto financiero hacia el 2030 no es menor: el Estado estima invertir al menos 23,400 millones de dólares de los cuales 7,500 millones están destinados a la transmisión y otros 12,300 millones de dólares a nueva capacidad de generación. La participación privada será decisiva al acompañar con la instalación entre 6,400 a 9,550 MW de generación renovable y el correspondiente esfuerzo técnico y financiero que implica.
El sector eléctrico mexicano está en un punto de inflexión que le permitirá migrar hacia una matriz energética más limpia. Así, el sector eólico está listo para apoyar la justicia energética y la prosperidad compartida mediante la generación de energía limpia y la descarbonización de la economía y empleos verdes. El trabajo coordinado entre las dependencias y agilidad en el trámite de los permisos es clave para que las inversiones en el sector se concreten. Estamos ante una oportunidad real de coordinación entre la CFE, la CNE, el CENACE, la SENER y el sector privado. Hoy existen señales alentadoras que deben consolidarse en la profundización del diálogo efectivo entre el sector público y el sector privado, en el aprovechamiento de la experiencia y empuje del sector privado alineada con la visión de largo plazo del gobierno.
El reloj corre. Las metas planteadas son una oportunidad histórica para posicionar a México como líder energético en América Latina, atraer inversión extranjera directa y cumplir los compromisos climáticos.
Podemos lograrlo y para que suceda debemos trabajar en una gran alianza entre gobierno y sector privado. El futuro energético del país depende de ello.
