Salvar vidas y apoyar a las víctimas y damnificados por los desastres naturales es una obligación del Estado y una responsabilidad del gobierno.
Los desastres actuales, provocados por ciclones, tormentas y frentes fríos, con pérdidas de vidas y miles de damnificados, deben ser prioridad nacional. Se requiere contar con una institución oficial con recursos propios para que se pueda enfrentar con prontitud y eficiencia este delicado problema.
No es un asunto menor ni sólo de reparto de despensas y cobijas. La magnitud de los desastres es grande y exige una acción integral del gobierno: provisión de alimentos, asistencia médica, instalación de albergues, construcción de viviendas, servicios de salud, empleo temporal, reparación de caminos rurales, reubicación en zonas seguras para evitar tragedias futuras y atención inmediata a la emergencia.
Es, pues, una responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno, pero deben existir instrumentos y recursos para dar la batalla y servir a los afectados.
El reclamo enérgico y hasta agresivo que hicieron las y los veracruzanos a la presidenta Sheinbaum es una llamada de atención y un reclamo ante la falta de apoyo a los afectados por estos desastres.
Viene al caso y vale la pena recordar una experiencia exitosa de atención pronta y oportuna al desastre hidrometeorológico que destruyó la costa chiapaneca en 1998.
En Chiapas, durante el mes de septiembre —el día 8 para ser precisos—, las precipitaciones pluviales alcanzaron los 350 mm por metro cuadrado. Los ríos se desbordaron, afectando a 35 municipios de las regiones Istmo-Costa, Soconusco, Sierra, Frailesca, Centro, Altos y Fronteriza, con una población de 1 millón 540 mil personas, de las cuales 500 mil resultaron afectadas y 50 mil damnificadas.
La infraestructura construida durante varias décadas prácticamente desapareció. Fue una gran calamidad, a prueba la capacidad de gobierno: 626 kilómetros de carreteras pavimentadas destruidas, 428 kilómetros de caminos rurales deteriorados y 300 puentes dañados. Valdivia, una población destruida, fue ejemplo dramático de aquel suceso. La región quedó devastada: vidas, escuelas, carreteras, clínicas, puentes, red eléctrica, cultivos y ganado.
El gobierno federal y el de Chiapas atendieron la emergencia y pusieron en marcha el Programa Los Nuevos Milenios, mediante el cual se construyeron 20 mil viviendas con todos sus servicios en nuevos poblados, ubicados fuera de las zonas de riesgo.
El apoyo y participación de Esteban Moctezuma, entonces secretario de Sedesol; de Roberto Salcedo, subsecretario; y del secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, fueron determinantes.
El trabajo colectivo en la autoconstrucción de viviendas fue un hecho sin precedentes, único por su solidaridad y compromiso social. Se edificaron 47 núcleos de vivienda, de los cuales 20 fueron de gran tamaño y dimensiones.
A las personas en los albergues, además de brindarles comida, ropa, asistencia médica y otros servicios, se les puso a trabajar en la construcción de sus viviendas y se les pagaba por esa labor. Así, ocupaban su tiempo en tareas productivas y obtenían ingresos.
La iniciativa privada se sumó a este esfuerzo nacional. Coordinada por Sedesol, aportó materiales y equipos para las viviendas: refrigeradores, estufas, camas, enseres domésticos, medicamentos, utensilios de cocina y otros más.
En tiempo récord se reconstruyó toda la infraestructura dañada de la costa chiapaneca. Con acciones concretas y resultados visibles, se demostró la fuerza constructiva de la política.
Fueron días y meses de intenso trabajo. Así fue, y así es. Las viviendas se han mantenido por más de 27 años. El tiempo ha pasado, han ocurrido otros desastres y las construcciones de Los Nuevos Milenios permanecen intactas, fuera de peligro ante las tormentas.
Se transformó el desastre y la tragedia en oportunidad y esperanza de vida futura.
En Chiapas, en 1999 y con esta experiencia, el presidente Zedillo creó el FONDEN y se emitieron las primeras reglas de operación. Un fideicomiso público para administrar y operar recursos públicos para atender emergencias y desastres naturales. Fue cancelado en 2020.
Por su parte, el gobierno de Chiapas creó el Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales (FOEADEN) mediante decreto del 11 de noviembre de 1998, publicado en el Diario Oficial No. 061. Este fondo se canceló el 17 de febrero de 2017.
Este problema tan delicado para el gobierno y el país requiere, sin duda alguna, de una institución responsable, con presupuesto propio y recursos suficientes para garantizar eficiencia y apoyo a las y los afectados por estas catástrofes.
La presidenta Sheinbaum ha afirmado que se cuenta con 19 mil millones de pesos, pero estos recursos deben ser operados por un organismo responsable, con representación en cada estado, para que los gobernadores y presidentes municipales puedan operar de inmediato ante la emergencia y evitar el descontento y la protesta social.
Es un asunto muy sensible de opinión pública. La irritación está a flor de piel, a la vista de todos. La presidenta debe demostrar empatía y compromiso. Son vidas humanas en peligro. Las tormentas, los frentes fríos y los ciclones llegaron para quedarse. Ante esta realidad, se requiere de compromiso y acción eficiente de gobierno.
