Especialista en gestión ambiental y sostenibilidad.
En México, los municipios están en la primera línea de defensa del agua. Son quienes atienden directamente las quejas ciudadanas por desabasto, quienes gestionan la distribución en colonias enteras, quienes dan la cara cuando el pozo se seca o el río se contamina. Pero también —y esto hay que decirlo— son quienes más solos han estado al momento de denunciar los abusos en la explotación del agua.
Hasta ahora, el marco legal vigente —una ley obsoleta de 1992— ha permitido que muchos particulares y grupos con poder se aprovechen de vacíos normativos para perforar, acaparar y desviar agua sin control. Cuando desde los municipios se ha levantado la voz para denunciar pozos clandestinos, cambios ilegales de uso o venta de títulos, la respuesta de las autoridades federales ha sido, en el mejor de los casos, tibia. En otros, ha sido la indiferencia.
Por eso celebro con convicción la iniciativa de Ley General de Aguas presentada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque por fin se reconoce que el agua es un bien estratégico de la nación, no una mercancía, y que su defensa requiere herramientas legales claras, con responsabilidad compartida entre todos los niveles de gobierno.
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la creación de un capítulo de delitos hídricos, que contempla penas de hasta 10 años de prisión y multas superiores a cinco millones de pesos para quienes incurran en robo, huachicoleo o comercio ilegal del agua. Más aún: se establece que estas denuncias deben ser perseguidas de oficio. Esto es un cambio radical. Significa que ya no dependeremos de la voluntad política de una instancia federal para actuar; la ley obligará a todos a hacer su parte.
Pero hay otro aspecto aún más importante: los recursos obtenidos por multas e incautaciones deberán regresar a los municipios, para obras de infraestructura hidráulica, saneamiento y abastecimiento. Es decir, el dinero que hoy se pierde en la opacidad y la corrupción podrá ser invertido directamente en garantizar el derecho humano al agua.
Desde el OOAPAS en Morelia, donde tengo el orgullo de ser director, ya trabajamos bajo un plan hídrico municipal que incluye la construcción del nuevo acueducto periférico, la modernización de nuestras plantas de tratamiento y la recuperación de agua industrial para uso doméstico. Pero sabemos que sin una legislación nacional que respalde estas acciones y nos brinde facultades legales para actuar, nuestras capacidades están limitadas.
El huachicoleo del agua —esa extracción y comercialización ilegal que pone en riesgo el abasto de comunidades enteras— no se combate solo con buenas intenciones. Se necesita una ley firme, moderna, con enfoque humano y herramientas claras. Esta iniciativa va en esa dirección. Lo que sigue es que el Congreso de la Unión esté a la altura del reto: darle al país una legislación que no solo reconozca el valor del agua, sino que proteja a quienes la cuidan todos los días desde lo local. Porque el agua no se defiende sola. Y los municipios no podemos seguir haciéndolo sin respaldo.