El proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya comenzó, aunque formalmente la “cláusula de terminación” (sunset clause) no se active hasta 2026. No se trata solo de una evaluación técnica del cumplimiento, sino de un proceso profundamente político, marcado por las tensiones geoeconómicas con China y la reorganización del poder productivo mundial. Para México, el momento es crítico: definirá si logra consolidarse como pilar del nuevo proteccionismo regional o queda marginado en la disputa por el futuro industrial de Norteamérica.
En los últimos meses, México ha dado pasos clave para posicionarse en este debate. El más visible: la imposición de aranceles a productos chinos en sectores sensibles como el acero, el aluminio y los textiles. Esta medida, presentada como una defensa temporal, es también un mensaje claro a Washington: México está dispuesto a alinearse con una estrategia común para contener la desindustrialización y el desplazamiento productivo que Beijing ha acelerado. Pero los aranceles son apenas un síntoma. El verdadero pulso de este nuevo regionalismo se juega en las barreras no arancelarias. Y ahí, el reporte 2025 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), ofrece una muestra clara de las tensiones por venir.
El USTR denuncia que México sigue generando incertidumbre en sus procedimientos aduanales: cambios de reglas sin aviso suficiente, interpretaciones dispares en distintos puertos y restricciones logísticas que afectan de forma particular a las pequeñas empresas estadounidenses.
Incluso persisten limitaciones para que agentes aduanales operen libremente en múltiples puntos de entrada, pese a lo que estipula el propio T-MEC. Si México quiere consolidarse como socio confiable en cadenas de suministro regionales, este es un primer frente de trabajo indispensable: reglas claras, procesos digitales, plazos estables.
El informe también señala demoras de hasta 24 meses en registros sanitarios por parte de la COFEPRIS, particularmente para productos ya aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). La falta de personal, las inspecciones rezagadas y la tramitología opaca son vistas como barreras que frenan la competitividad y entorpecen la integración. Lo mismo ocurre en el sector agroquímico, donde las renovaciones de registros de pesticidas y fertilizantes sufren retrasos injustificados. Si México desea atraer inversión en biotecnología, farmacéutica y agrotecnología, necesita fortalecer con urgencia sus capacidades regulatorias.
Quizá uno de los temas más delicados es el veto mexicano al maíz genéticamente modificado para uso humano. A pesar de que México ha argumentado razones de salud pública y soberanía alimentaria, un panel del T-MEC ya falló en contra del decreto de febrero de 2023, al considerar que las restricciones no se basaban en evidencia científica.
Aunque el gobierno mexicano publicó una medida correctiva en febrero de 2025, la vigilancia continúa. Este episodio muestra el filo de la revisión: cuando los estándares regulatorios divergen, el T-MEC puede imponer sus propios criterios científicos.
Otro foco de tensión es el ecosistema digital. El USTR acusa a México de obstaculizar la operación de servicios de pagos electrónicos y de poner trabas implícitas al uso de nubes extranjeras, al exigir trámites largos e inciertos. Además, persisten distorsiones en el sector de telecomunicaciones, donde el proveedor dominante conserva cerca del 70% del mercado móvil. La reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024, que elimina órganos autónomos como el IFT, ha encendido alarmas en Washington por su posible impacto en la competencia en el cumplimiento de compromisos del T-MEC.
Pero el punto más conflictivo es el energético. Desde 2018, México ha modificado leyes, regulaciones y permisos para fortalecer a Pemex y CFE, debilitando la participación privada en generación eléctrica, hidrocarburos y energías renovables. Aunque la Suprema Corte invalidó partes clave de la Ley de la Industria Eléctrica en 2024, el gobierno impulsó una nueva reforma para garantizar al menos 54% del mercado eléctrico para CFE y ratificar su papel dominante. Esto contradice el espíritu de competencia y acceso equitativo del T-MEC. Las consultas siguen abiertas.
La revisión del tratado no será un trámite. Lo que está en juego no es solo si México cumple o no ciertas cláusulas, sino si los tres países quieren reconfigurar el acuerdo para consolidar un bloque comercial más cerrado, estratégico y coordinado frente a China.
México ha mostrado disposición para tomar partido. Pero eso implica también reformarse internamente. La revisión del T-MEC será, en buena medida, una revisión de nuestra política industrial, regulatoria y energética.
Lo que está por verse es si México aprovecha esta oportunidad para modernizar su inserción en el bloque regional.
