La llegada de la primera mujer a la presidencia de México marca un hito sin precedentes en la historia del país. Más allá del simbolismo de romper el “techo de cristal” más alto, este momento histórico plantea una oportunidad única para abordar con una nueva perspectiva los desafíos estructurales que han frenado el desarrollo nacional. Ninguno es más crucial y urgente que la educación. Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, el sistema educativo mexicano se encuentra en una encrucijada: o se continúa por la senda de la inercia presupuestaria y la simulación política, o se emprende una transformación profunda que garantice el derecho fundamental de cada niña, niño y adolescente a estar, aprender y participar en la escuela.
Los diagnósticos recientes pintan un panorama alarmante que el nuevo gobierno no puede ignorar. Informes como el Panorama de la Educación 2025 de la OCDE, revela una realidad cruda: México es uno de los países que menos invierte por estudiante entre las 41 economías medidas, ocupando la penúltima posición, solo por encima de Perú. Esta falta de inversión pública ha generado una consecuencia directa y profundamente inequitativa: el traslado de la carga financiera a las familias. Los hogares mexicanos cubren el 16.2% del gasto en educación básica y media superior, una cifra que casi duplica el promedio de la OCDE (9.9%). Esta situación no solo contraviene el principio de gratuidad, sino que perpetúa un ciclo de desigualdad donde el origen socioeconómico, y no el talento, determina el futuro de millones.
El análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2026 confirma esta tendencia preocupante. Aunque se proyecta un aumento marginal del 2.1% respecto a 2025, el peso de la educación dentro del gasto total del gobierno federal en realidad disminuye, pasando del 16.9% al 16.62%. Es decir, aunque el monto nominal crece, la “rebanada del pastel” es más pequeña.
Pero el problema no es solo cuantitativo, sino cualitativo. La mayor parte de los recursos se destina a becas, salarios e infraestructura, principalmente a través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN). Si bien estas partidas son importantes para asegurar que los estudiantes estén en la escuela, se deja completamente de lado el objetivo fundamental: que aprendan. El análisis del PPEF 2026 revela una alarmante desconexión con las metas establecidas en el propio Programa Sectorial de Educación (PSE) 2025-2030. De las 33 estrategias que este programa contempla para transformar la educación, solo 16 (el 48%) cuentan con financiamiento, mientras que 17 permanecen sin recursos asignados.
Áreas críticas para el aprendizaje, como la formación continua de docentes, el acompañamiento pedagógico, la evaluación para la mejora y el fortalecimiento de la comprensión lectora, y el razonamiento matemático, carecen de los fondos necesarios. Por ejemplo, la dirección encargada de las pocas funciones de evaluación que aún existen sufrirá un recorte del 65.4% en su presupuesto para 2026. Esta decisión es sintomática de un sistema que parece tenerle miedo a medirse y a rendir cuentas sobre los resultados de aprendizaje.
Una de las contradicciones más graves del actual enfoque es la política de “revalorización docente”, que en la práctica se ha quedado en una promesa vacía. Mientras se exige a más de un millón de maestras y maestros adaptarse a las complejidades de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el presupuesto proyectado para su formación continua en 2026 es de apenas 91.50 pesos anuales por docente. Con esta cantidad, solo 4 de cada 100 maestros podrían acceder a formación.
En materia de infraestructura, la política federal también muestra una tendencia a desplazar la responsabilidad. Programas como La Escuela es Nuestra (LEEN) transfieren recursos directamente a comités de padres y madres de familia, quienes deben tomar decisiones sobre construcción y mantenimiento. Si bien la participación comunitaria es valiosa, no puede sustituir la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas y seguras en todas las escuelas. Al mantener estancados otros fondos para infraestructura y reducir el papel de institutos especializados como el INIFED, se traslada a las familias una carga que no les corresponde, sobre todo a las madres, quienes suelen liderar estos comités, añadiendo más trabajo no remunerado a sus ya pesadas jornadas.
Aquí es donde el liderazgo de una mujer en la presidencia puede y debe marcar una diferencia fundamental. La educación no es neutral al género; es, de hecho, la herramienta más poderosa para alcanzar la igualdad. Invertir en la educación de niñas y mujeres tiene un efecto multiplicador: reduce la pobreza, mejora la salud, fomenta la paz y podría aumentar el PIB global en un 23% si se cierran las brechas de género en educación y empleo. Cada dólar invertido en educación genera, en promedio, un retorno de 20 dólares al PIB, y cada año adicional de escolaridad aumenta los ingresos anuales de una persona en un 9%.
El gobierno de la primera presidenta de México tiene la oportunidad histórica de corregir el rumbo. Aprobar un presupuesto educativo para 2026 que continúe las inercias actuales sería una traición a las esperanzas de millones de niñas y jóvenes que ven en ella un posible faro de cambio. La verdadera transformación no vendrá de administrar la precariedad, sino de una valiente y decidida apuesta por la educación como el motor del desarrollo y la justicia social. Hacerlo no solo sería un acto de responsabilidad política, sino la consolidación de un legado que demuestre que, efectivamente, un nuevo liderazgo puede construir un futuro más próspero e igualitario para todas y todos. El derecho a aprender de cada estudiante debe, por fin, importar en el presupuesto y en la realidad.
