Para millones de derechohabientes del Instituto México del Seguro Social (IMSS), la palabra “espera” se ha convertido en una dolencia crónica del sistema. Consultas que tardan meses y cirugías programadas que se postergan años son síntomas de un problema organizacional persistente.
En este contexto, la administración del Instituto ha anunciado una medida que pretende aliviar la carga burocrática: la eliminación de la “regionalización”. Con el oficio 09-55-24-61/989/1791/1453 se suprime el requisito de “dispensa” para que los pacientes reciban atención en unidades distintas a las que les corresponden por adscripción, además el paciente tiene “libre elección” para atenderse en cualquier unidad médica. En el papel, se trata de un paso hacia el empoderamiento del paciente. En la práctica, puede convertirse en un factor de presión financiera y operativa de gran magnitud.
Para entender el riesgo financiero y operativo de esta decisión, es crucial recordar la lógica piramidal de la atención médica en el IMSS. En el Primer Nivel, las Unidades de Medicina Familiar (UMF), son la base: atienden lo preventivo y lo común. En el Segundo Nivel, los Hospitales Generales de Zona y Regionales, son el gran filtro, diseñado para resolver hasta el 95% de las necesidades de especialidad (medicina interna, cirugía general, pediatría, etc.). Finalmente, en la cúspide, se encuentra el Tercer Nivel: Las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), reservadas para el 5% de los casos más complejos que requieren los costos más elevados del sistema.
El efecto sobre la pirámide de atención
La nueva disposición pone en riesgo este filtro. Al permitir que se pueda referir a un paciente directamente del primer al tercer nivel, se abre una compuerta que incentiva un dispendio monumental. Un caso de mediana complejidad, que debería resolverse en un hospital de segundo nivel, ahora puede “saltar” directamente al entorno más oneroso.
Riesgo financiero
De acuerdo con datos del propio IMSS, una consulta en una UMAE cuesta $2,795 pesos, frente a los $1,772 pesos de un hospital de segundo nivel. La diferencia de 57.7% parece marginal en una sola consulta, pero aplicada a millones de atenciones en enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, insuficiencia renal), tendrá un impacto presupuestal considerable. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2026, el IMSS tuvo un incremento real ajustado del 10.6 % para el rubro de atención a la salud, este presupuesto podría verse seriamente comprometido.
Impacto operativo y en capital humano
Más allá del gasto, la medida puede provocar una “migración de prestigio” hacia hospitales de alta especialidad en las grandes ciudades, los cuales ya trabajan por encima de su capacidad. Esto no resolvería las listas de espera: las concentraría en unos pocos centros, prolongando los tiempos de atención. La promesa de “libre elección” se convertirá en una amarga paradoja: la libertad de elegir en qué lista de espera uno prefiere inscribirse.
La saturación no es solo un problema de logística. Tiene repercusiones directas sobre médicos, enfermeras y personal administrativo, que ya operan bajo condiciones de sobrecarga. La política podría llevar a un desgaste mayor de este recurso humano estratégico.
La contrarreferencia en riesgo
Un aspecto crítico del oficio es la instrucción de que: “El derechohabiente deberá concluir su protocolo diagnóstico, terapéutico o de rehabilitación en la unidad de referencia”. Esto limita la contrarreferencia —un mecanismo que permite devolver al paciente estabilizado a un nivel de menor costo financiero—.
¿Existe solución?
La solución no es volver a la rigidez del pasado, sino implementar una gestión inteligente del presente. El IMSS no necesita desregular su flujo de pacientes, sino ordenarlo. La propuesta es adaptar modelos que ya se exploran en el sector público, como los Centros Coordinadores de Salud para el Bienestar, y adaptarlos a la complejidad organizacional y sindical del IMSS.
El uso estratégico de herramientas digitales como iCitas y el Ecosistema Digital en Salud, con interoperabilidad real, permitiría dirigir a los pacientes hacia el hospital más adecuado y con disponibilidad, no necesariamente al más demandado. Sería pasar de una “elección caótica” a una “elección guiada”.
La eliminación de la función de filtro del Segundo Nivel y la obligatoriedad de que los pacientes concluyan su protocolo completo en la unidad de referencia generará una severa saturación en los servicios, exacerbarán las ya prolongadas listas de espera y puede provocar una escalada de costos insostenible.
La intención de empoderar al paciente es correcta, pero la ejecución actual puede derivar en una crisis operativa. El IMSS necesita una cirugía de alta precisión en sus procesos de gestión, no una amputación de su lógica operativa y financiera. De lo contrario, la espera, esa enfermedad crónica, solo se agudizará.
