La reducción significativa de 8.3 millones de personas en situación de pobreza entre 2022 y 2024 exige analizar sus matices, pues revelan la persistencia de profundas desigualdades estructurales.
Los resultados de la medición de pobreza multidimensional 2024 han generado un comprensible optimismo, pues muestran una reducción significativa de 8.3 millones de personas en situación de precariedad entre 2022 y 2024. Sin embargo, este optimismo debe ser cauteloso.
La complejidad del fenómeno exige ir más allá de las cifras agregadas y analizar sus matices con detenimiento. Ellos revelan la persistencia de profundas desigualdades estructurales y no pocos desafíos que continúan sin resolverse.
La profunda brecha regional
Un primer elemento para contextualizar este descenso estadístico, es la pronunciada heterogeneidad territorial. Celebrar un promedio nacional del 29.6% de la población bajo la línea de pobreza multidimensional opaca la realidad de un país fracturado.
Mientras entidades del norte, como Baja California o Nuevo León, reportan cifras inferiores al 11%, los estados del sur —Chiapas, Guerrero, Oaxaca— exhiben tasas que superan el 50%. Esta brecha no es nueva, pero su persistencia subraya que el crecimiento económico y los beneficios del comercio exterior no se distribuyen de manera homogénea. La reducción agregada de la pobreza no debe confundirse con la erradicación de los históricos rezagos que padecen amplias regiones del país.
El motor real
De acuerdo con un análisis del EQUIDE a los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el ingreso de los hogares en México aumentó 22% de 2018 a 2024. El impulso se debió a un aumento de los ingresos laborales y de las transferencias monetarias del gobierno.
En efecto, los ingresos por programas sociales aumentaron de manera considerable, en especial por las pensiones no contributivas, que se dispararon. Sin embargo, aunque estas transferencias representan sumas considerables, su diseño limita su eficacia para reducir la pobreza. La estrategia de universalizar los apoyos, si bien beneficia a un amplio segmento de la población, reduce su capacidad para focalizarse en los grupos más vulnerables. Un análisis preliminar del área de pobreza del EQUIDE, estima que el impacto de las transferencias en la pobreza es de 2.5%. De eliminarse todos estos ingresos por programas sociales, la pobreza subiría del 29.6% al 32.1%.
Además, dentro de los ingresos laborales, los sueldos subieron un 23%, influenciados en parte por el alza del salario mínimo, que a su vez repercutió en el monto de la pensión mínima garantizada. Sin embargo, la informalidad sólo ha disminuido a cuentagotas. La mayor parte de la fuerza laboral se sigue desempeñando en condiciones de informalidad. Al no sujetarse directamente a las políticas laborales, se dificulta atribuir de manera exclusiva la disminución de la pobreza a la política del alza salarial.
La paradoja que emerge, entonces, es la de un país con mayores ingresos, pero con una pobreza estructural que se resiste a disminuir en la misma proporción y de manera uniforme.
La sostenibilidad de los avances
Estos datos subrayan la importancia de promover una economía más productiva y resiliente para alcanzar el bienestar de la población. De lo contrario, los avances podrían no ser sostenibles, ya que dependen de la continuidad del crecimiento económico y no de una arquitectura sólida de protección social. Esto es particularmente preocupante dado el bajo desempeño económico reciente: en el sexenio pasado, el crecimiento anual promedio fue inferior al 1%, el PIB per cápita se estancó y la productividad cayó. Este año se espera un crecimiento cercano a 0.
Imaginense lo que hubiéramos logrado si la economía hubiera crecido más….
Pero que no decaiga el ánimo, México tiene un gran potencial. Se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, desplazando a China, y la rivalidad entre ambas naciones puede seguir beneficiando a nuestro país. Para aprovechar esta coyuntura, es crucial superar limitaciones como la falta de certidumbre, reglas claras, infraestructura obsoleta, escasez de agua, energía cara, falta de capital humano especializado e informalidad.
Aprovechar este potencial requiere políticas públicas distintas a las de los últimos siete años, que aborden estos rezagos. Políticas que controlen los efectos de reformas recientes que, al debilitar las instituciones y el Estado de derecho, erosionaron la certidumbre económica.
Hay más personas vulnerables
Otra paradoja que merece especial atención es el aumento simultáneo de la población vulnerable por carencias sociales.
Aunque la pobreza multidimensional disminuyó, más personas carecen de al menos un derecho social. Esto indica que mientras los ingresos mejoraron para sacar a muchos de la categoría de pobreza, la calidad y el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad social no avanzaron al mismo ritmo, o incluso retrocedieron.
El progreso económico, por tanto, no se ha traducido en un fortalecimiento equivalente del Estado de bienestar.
La crisis en el acceso a la salud
El caso del acceso a la salud es el ejemplo más elocuente y preocupante de esta desconexión. La aparente reducción en esta carencia es debatible debido a un cambio en la metodología de medición, que altera la trazabilidad y comparabilidad con años anteriores.
Aun aceptando la cifra oficial, el resultado es alarmante: 44.5 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios de salud. Esta cifra, que duplica la de 2016, es inadmisible para un país con las características de desarrollo de México y señala una crisis profunda en el sistema sanitario nacional.
Un optimismo cauteloso y con agenda clara
Por ello, el mensaje que debe prevalecer es de cauteloso optimismo con objetividad y espíritu científico para entender las causas del resultado. Los datos alentadores no pueden obnubilar la necesidad de repensar la agenda de políticas públicas para promover el crecimiento económico, aprovechar el potencial de México en la relación comercial con América del Norte, redoblar esfuerzos en mejorar la focalización de los programas sociales, fortalecer los sistemas de salud y educación, y atacar de manera decidida las abismales desigualdades regionales.
Por último, pero no menos importante, la medición de la pobreza es un termómetro esencial, y los cambios metodológicos deben manejarse con extrema transparencia para preservar la confianza en el diagnóstico. Sólo con una mirada crítica y una estrategia integral se podrá asegurar que la disminución de la pobreza no sea un espejismo estadístico, sino el cimiento de un desarrollo más justo y equitativo para todos los mexicanos.
