Colaborador Invitado

Norma Piña enterró al Poder Judicial de la Federación y protegió la comodidad de su retiro

Lo que había que intentar era matizar la reforma con acciones políticas, como remover el mayor obstáculo al diálogo, a la concertación y a los acuerdos: Norma Piña.

Norma Piña fue propuesta por Peña Nieto, no por sus capacidades jurídicas o su destacada labor dentro de la judicatura. Las críticas –del PAN y del PRD– eran que conformaba uno de los tribunales con mayor retraso del país, el de mayor retraso. En ese momento, la composición política al interior de la Corte se dividía entre integrantes de carrera judicial y externos.

Peña Nieto, en cada propuesta, cuidó el equilibrio, de forma que el grupo de Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo y Pérez Dayán no se debilitara, pero tampoco se fortaleciera. Escoger a cualquier otra magistrada de carrera judicial garantizaba el voto para presidente de la Corte de Jorge Mario Pardo. Luis María, que mucho ha defendido en micrófonos la autonomía judicial, presumía una cercanía inédita con “Don Enrique”, como se refería a Peña Nieto, de forma que con la pretensión de invadir sus facultades le llegó a proponer una quinteta de magistradas, todas allegadas a Pardo o a él, excepto una: Norma Piña. Incluso de esta quinteta ni siquiera consultaron a Pérez Dayán, pero sí a Cossío.

De Norma Piña quien mejor hablaba era el ministro Arturo Zaldívar. Compañera de él en algunos estudios, la creía con capacidad de ser una ministra que conjuntara la experiencia judicial y la no entrega a la “Famiglia Judicial” de todo el Poder Judicial de la Federación.

La “Famiglia Judicial”, bautizada así por los ministros que no eran de carrera, era la práctica del control que ejercían los ministros de carrera en los más importantes circuitos judiciales; colocaban magistrados y jueces amigos, y luego, a los familiares de éstos. Así, más que autonomía había control desde la Corte para sus asuntos o intereses personales. Lo más conocido era el férreo control de Pardo en el Segundo Circuito que corresponde al Estado de México.

En la época de Peña se hicieron tres nombramientos: Medina Mora, a quien conocía como hombre culto, político destacado y con visión de Estado; Norma Piña, a quien veía como un mal menor para impedir que se perpetuara la “Famiglia Judicial”; y, Javier Laynez, que no iba a ser ministro y lo fue sólo por azar del destino: la renuncia a esa aspiración de quien era el elegido que se dio ante los ataques orquestados en la prensa y el Senado por Luis María Aguilar y Pardo por conducto del PAN. Renunciar a ello fue un acto de congruencia para no estresar las relaciones entre el Ejecutivo, la Corte y el Legislativo; así de rebote llega Laynez apoyado por los exsecretarios de Hacienda, Meade y Cordero.

Norma Piña se desempeñó con autonomía e independencia de criterio como ministra de Primera Sala; fue muy cercana a los criterios de Arturo Zaldívar, siempre a favor de fortalecer las libertades individuales. El problema comenzó con su falta de inteligencia emocional; al cambio de sexenio y ya siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, el nombramiento de Yasmín Esquivel Mossa la derrumbó por la envidia que le tenía, y comenzó una infructuosa lucha contra Zaldívar aún siendo ministro presidente.

La Corte, como cualquier institución del Estado, requiere comunicación y colaboración con los otros poderes, lo que no merma su autonomía. Norma Piña, Laynez, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar (en mucho influenciados por el exministro Cossío), Pérez Dayán y, en menor medida, Margarita Ríos Farjat, creyeron lo contrario y establecieron un bloque de oposición a la presidencia de López Obrador. Zaldívar en su mandato logró, a pesar de ese grupo “opositor”, mantener la comunicación con los demás poderes y la integridad del Poder Judicial de la Federación sin que se le afectaran a jueces y magistrados sus prestaciones, ni su autonomía e independencia.

Pero venía el inevitable cambio de presidencia en la Corte, y por un convulso diciembre de 2022, Norma Piña y Javier Laynez se erigen como los posibles nuevos presidentes. Nunca tuvo oportunidad real ningún otro ministro de obtener una mayoría de 6 votos; con cualquier otro ministro de presidente, hoy el Poder Judicial de la Federación hubiera tenido una reforma, pero no un cambio total; lo que se necesitaba era continuar los canales de comunicación necesarios para no dinamitar la relación Ejecutivo/Legislativo con el Poder Judicial, y no estresar la relación hasta llevar a una reforma constitucional de gran calado. Cualquier otro ministro, hasta el de menor pericia, hubiera trabajado con el Ejecutivo para hacer un cambio conjunto y benéfico para el país.

Piña llegó a la presidencia con soberbia inaudita. No le habló por la red roja al presidente para informarle su nombramiento y, menos aún, para tratar de buscar una reunión con el jefe del Estado mexicano. En el sistema constitucional mexicano el presidente no es sólo el titular del Poder Ejecutivo, es el jefe del Estado mexicano, por lo que ciertas cortesías eran indispensables.

Santiago Creel, desde el Legislativo, lo entendió al levantarse en la ceremonia del día de la Constitución en 2023; Piña no lo hizo, porque nunca entendió su papel en un sistema constitucional republicano. Ha dicho millones de veces que la Corte es un contrapeso a los otros poderes, pero la acción y la controversia constitucional, y el juicio de amparo, son mecanismos de control constitucional, no contrapesos del actuar general del Ejecutivo; Piña con su actuar impulsaba que los jueces y magistrados detuvieran la política pública, los proyectos y las acciones de todo el gobierno de López Obrador. Ella no concebía al Poder Judicial como un garante de las libertades, sino como un poder opositor, que no debía tener comunicación con el Ejecutivo ni con el Legislativo. Su impericia se refleja en su clásica frase YO NO SOY POLÍTICA, y pues por eso no pudo presidir un PODER POLÍTICO, UNO DE LOS TRES PODERES POLÍTICOS DEL PAÍS QUE DEBEN TRABAJAR EN CONJUNTO, DENTRO DE SUS PROPIAS FACULTADES, PARA CUMPLIR LAS ASPIRACIONES Y METAS CONSTITUCIONALES.

Norma ya como ministra presidenta y su bloque opositor, de inmediato se dieron a la tarea de nulificar las leyes impulsadas por López Obrador por errores de procedimiento legislativo. En otros tiempos, si se hace un estudio comparativo, las hubieran validado al aplicar una jurisprudencia que señalaba que si la votación en Pleno era correcta se purgaban los vicios del procedimiento legislativo. Cada invalidez de leyes aumentaba la soberbia de Piña al creerse la última decisora de las políticas y las decisiones de Estado.

Así, Piña fue creciendo en su soberbía y miopía (impulsada por sus cortesanos), a la vez –dicen muchos– de perder la coherencia todas las tardes por largas tertulias con su fiel escudera Natalia Reyes. Cinco eventos imperdonables:

1. Escribirle a un senador de Morena para reclamarle que en tribuna haya criticado su actuar y el del Poder Judicial, cuando la Constitución dice que ningún legislador puede ser reconvenido;

2. Aliarse con la oposición, a grado tal, de invitar a sus líderes a la casa de Juan Luis González Alcántara (que ella negó fuera su casa y el otro aceptó que sí lo era). A ‘Alito’ y al coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, quien no fue por prudencia, pero sí fue invitado. La cena la hizo para sentarlos, ya iniciado el proceso electoral, con los magistrados del Tribunal Electoral, en lo que quizá pase a la historia como uno de los mayores intentos de una presidenta de la Corte de minar la autonomía de este órgano fundamental en la calificación de las elecciones;

3. Amenazar abiertamente a un magistrado electoral con chats, que salieron a la luz pública, con destruirlo si platicaba –entre otras cosas– de amenazas previas y de la citada cena; lo hizo con el magistrado que muchos años fue su amigo.

4. Atacar a su amigo y antecesor con una denuncia anónima que se ha declarado ya infundada, y filtrarla en una operación sistemática de medios, para ver si una semana antes de la elección lograba cambiar las evidentes preferencias que daban por ganadora a la actual presidenta de la República.

5. El más grave de todos, engañar con la devolución de los fideicomisos para apoyar a Acapulco después del huracán Otis. En ese momento, López Obrador ya había decidido reducir la elección popular a la Corte y al Tribunal de Disciplina, y por el engaño sustentado en el argumento de suspensiones de jueces, decidió ampliarla a jueces y magistrados.

Llega la elección de 2024 en donde arrasa la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. La miopía, la soberbia y sus propios intereses le impidieron a Piña entender que con todos los precedentes existentes del Tribunal Electoral, y las votaciones analizadas por municipio y estado, Morena tendría mayoría calificada para cambiar la Constitución.

Intentó, por medio de un juez, nombrar en suspensión dos magistrados del Tribunal Electoral para conformarlo con siete en lugar de cinco, pues en las ternas enviadas en el Senado había nombres que podrían cambiar los criterios y quitarle a Morena la mayoría calificada para reformas constitucionales. No logró su cometido, un Tribunal revocó la suspensión.

Una vez confirmadas esas mayorías, siguió empujando y diciendo a todo el que quisiera oír que era inconstitucional y que no podrían hacer una reforma al Poder Judicial de la Federación, que en eso dejaría la piel.

La pregunta es ¿dónde estuvo la mayor miopía y soberbia de Piña después de la elección? La respuesta es clara: no supo hacerse a un lado y renunciar estratégicamente. Renunciar a la presidencia de la Corte y dejar a una persona que permitiera generar canales de comunicación para que la elección del Poder Judicial de la Federación (si bien inevitable en cuanto a la Corte y Tribunal de Disciplina) fuese más moderada en jueces y magistrados o, incluso, con otros parámetros que garantizaran mejores perfiles y más capacidad jurídica.

La primer idea de su renuncia fue de Juan Luis González Alcántara, quien al final –tras un reclamo de ella– no se atrevió a ponerla a consideración del Pleno de la Corte, y tuvo que hacerlo Yasmín Esquivel Mossa secundada por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La idea era que, en lugar de esperar un juicio o recurso judicial, la Corte dijera estamos de acuerdo con irnos de esta institución, con su renovación total y la del Consejo de la Judicatura, no queremos privilegios, no queremos aferrarnos a los cargos, pero queremos que se respete en parte la carrera judicial. Algo, lo que fuera, pero que incorporara y protegiera la carrera judicial de miles de personas o hiciera más paulatina la reforma sin afectar a los jueces y magistrados en funciones, quizá iniciando sólo con las vacancias.

Piña no aceptó y, por el contrario, después de la elección hizo su propio ejercicio de lo que para ella se necesitaba para mejorar la justicia. Su diagnóstico era cambiar las fiscalías y los tribunales locales, pero fue omisa en la autocrítica al Poder Judicial Federal. Ella quería SU reforma, no la emanada de los órganos legislativos electos popularmente.

Luego, llamó a una huelga para presionar a los otros poderes públicos, usando a los jueces, magistrados y al personal de apoyo y carrera; pensaba que doblaría a los otros dos poderes de la Unión y lograría su propósito de dar un golpe al Estado constitucional de derecho por la fuerza de poner en jaque durante meses la justicia. Pasaron meses y dejó de tener adeptos en esta intentona; pero dañó terriblemente el prestigio del Poder Judicial de la Federación; incluso algunos integrantes irrumpieron a la fuerza en el Senado de la República, cual porros.

Cuando no pudo con esas acciones, trató de declarar inconstitucional la reforma judicial cambiando su criterio histórico y el de la mayoría de la Corte de que la Constitución no podía ser sujeta de control constitucional, cosa que no hizo antes cuando se trataba de derechos humanos como la libertad personal, pues nunca votó la Corte por la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Pero aquí, en la reforma judicial, sí se apuraron y trataron de tirarla con una candidez que da risa; si lo hacían vendría otra reforma, por la sencilla razón que la elección le dio mayoría calificada a Morena. No intentó resolver políticamente algo que sólo podía resolverse, matizarse o retrasarse de esa forma.

Piña perdió por su soberbia y miopía, por pensar que estar en el cargo con su “gran capacidad” le iba a permitir detener la reforma. Lo único que logró (y fue más bien Pérez Dayán) fue que los ministros disidentes se fueran con su haber de retiro de por vida, mientras que los jueces y magistrados de carrera que la apoyaron con un paro se fueran a la calle sin nada, y así, que se perdiera lo mejor del Poder Judicial de la Federación.

El nombramiento de la Corte, del Tribunal Electoral y del Consejo de la Judicatura siempre ha sido político, la elección popular cambia las formas, no los fondos de cómo se nombraban a sus integrantes. Antes era designación de los partidos o del presidente, hoy es una especie de refrendo popular a quienes más apoyo tienen de las fuerzas políticas.

Lo que había que intentar era matizar la reforma con acciones políticas, como remover el mayor obstáculo al diálogo, a la concertación y a los acuerdos: Norma Piña. Cualquier cosa, cualquier cambio, para mejorar la inminente reforma judicial requería la renuncia de Piña, pero ella pensó en ella y sus privilegios, en sus enconos, rodeada de su infinita soberbia que la llevó a pensar que ella nunca se equivoca y que ella todo lo lograría.

Norma Piña tenía la creencia de ser la presidenta del poder de los poderes, como se concebían algunos ministros al verse como contrapeso y voz final de las decisiones públicas (ellos mismos decían que eran el Olimpo); y con eso en mente intentó jugar fuercitas y el resultado fue acabar con el Poder Judicial de la Federación en su totalidad. Eso sí, sin que los ministros renunciaran a su haber de retiro mientras se experimenta qué pasará con el nuevo Poder Judicial.

Norma Piña es la enterradora del Poder Judicial de la Federación, y ahora en su último autoelogio, usando recursos públicos del Canal Judicial se dedicó nada más y nada menos que un documental llamado “Norma Piña Hernández. Una vida dedicada a la justicia”. Este documental qué representa: ¿descaro, hipocresía, delirios de grandeza, psicosis o todas juntas? Todo esto no tiene nombre, ella enterró a las instituciones de justicia tal y como las conocemos; ojalá (aunque hay escepticismo) nazcan nuevas y renovadas.

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