En la entrega anterior hablamos de un dilema: México logró reducir la pobreza por ingreso de manera histórica gracias al aumento del ingreso laboral, pero al mismo tiempo se observó un deterioro en servicios como salud, educación y seguridad social. Ese fue el primer paso de la reflexión. Ahora toca mirar un ángulo distinto: la pobreza multidimensional y los contrastes regionales que definen quién se benefició más y quién sigue atrapado en carencias estructurales.
Entre 2018 y 2024, la pobreza se redujo en todas las entidades federativas. Sin embargo, los resultados no fueron simétricos. Estados como Tabasco y Colima redujeron la pobreza total en más de 15 puntos porcentuales, mientras que Chiapas y Guerrero lograron avances modestos. Lo que a primera vista parece una victoria nacional se convierte en un mapa con claroscuros.
Una lectura más amplia, que incorpora a las carencias sociales, confirma esta diversidad. Aunque el país redujo la pobreza por ingresos, no todos los estados lograron mejorar en acceso a derechos básicos.
En términos nacionales, el rezago educativo apenas se redujo: de 19.0% en 2018 a 18.6% en 2024. La cifra parece marginal, pero hay una historia preocupante: en números absolutos, el rezago aumentó, de 23.5 a 24.2 millones de personas. Y esa alza no fue homogénea: en Guerrero (+115 mil), Chiapas (+322 mil), Oaxaca (+119 mil) y Puebla (+114 mil) creció más la población con rezago educativo.
Estos estados comparten una característica: altos niveles de pobreza estructural y elevada informalidad laboral. La persistencia del rezago educativo es un obstáculo para la productividad futura, pues limita la posibilidad de que las alzas salariales se sostengan en el tiempo gracias a mayor calificación de la fuerza laboral. En otras palabras, sin avances en educación, los logros en ingreso serían temporales.
Si en el tema educativo los avances fueron marginales, en salud la tendencia fue regresiva. En todos los estados aumentó la población sin acceso a servicios. La excepción relativa estuvo en la Ciudad de México y Nuevo León, donde el incremento fue más moderado, seguidos de entidades con alta formalidad laboral como Baja California, Baja California Sur y Coahuila.
La relación no es casual. Como recordó recientemente el profesor Jesús Carrillo, la tasa de informalidad laboral en estas últimas tres entidades es de las más bajas, entre 35.4 y 37.4%, muy por debajo de la media nacional de 54.5%. A menor informalidad, mayor posibilidad de acceso a seguridad social y, con ello, a servicios de salud.
El contraste con estados del sur es contundente: Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con tasas de informalidad cercanas al 78%, fueron de los más afectados. Aquí se refleja cómo la vulnerabilidad laboral se traduce directamente en vulnerabilidad en salud.
El acceso a la seguridad social es el indicador más claro de la informalidad laboral. A nivel nacional, la carencia pasó de 53.5% a 48.2%, una mejora ligera pero significativa en millones de personas. Sin embargo, el promedio oculta disparidades extremas.
En Oaxaca, Guerrero y Chiapas, más de tres cuartas partes de la población ocupada trabaja en la informalidad. En Hidalgo y Puebla, la cifra ronda el 70%. Esto explica por qué, a pesar de la reducción de la pobreza por ingresos, millones de personas en estas entidades siguen sin acceso a seguridad social.
La dimensión regional de la pobreza también se explica por el avance económico. Entre 2018 y 2024, Tabasco, Veracruz, Campeche y Oaxaca lograron reducir de manera importante la pobreza, al tiempo que registraron tasas de crecimiento superiores al promedio nacional. El motor en estos casos fueron proyectos estratégicos como la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
La experiencia muestra que el crecimiento económico, aun cuando provenga de proyectos de inversión pública, puede acelerar la reducción de la pobreza. Pero también deja una advertencia: si esas obras no se consolidan en su etapa operativa, el avance requerirá más apoyo fiscal o podría revertirse.
A la complejidad regional se suma un desafío de política pública: el espacio fiscal. Entre 2024 y 2025, el gasto ejercido por los ramos administrativos del Gobierno Federal en educación cayó 6.8% real, mientras que en salud la reducción fue de 18.6%. Es decir, mientras se lograron avances en ingresos y se reducían las cifras de pobreza, el presupuesto destinado a servicios fundamentales se ha visto mermado en el margen.
Y aquí aparece la pregunta clave de política económica: ¿cómo sostener la reducción de la pobreza si los recursos públicos para educación y salud disminuyen? El segundo piso requiere también un Estado capaz de financiar servicios de calidad y garantizar derechos sociales de manera universal.
La pobreza multidimensional muestra que México avanza. Hay logros en ingreso, pero retrocesos en salud y educación, y brechas persistentes en seguridad social. La pieza que falta es la fiscal: sin recursos suficientes para los servicios básicos, los avances corren el riesgo de desvanecerse.
