Experto en Asesoría Transaccional y Corporativa de Santamarina y Steta.
En el dinámico mundo de los negocios, las fusiones y adquisiciones (M&A) representan una de las herramientas más poderosas para expandir operaciones, consolidar posiciones de mercado o diversificar portafolios. Sin embargo, cuando estas operaciones se desarrollan en sectores regulados, la lógica empresarial se enfrenta a un reto mayor: el marco jurídico.
Como recuerda el abogado León Orantes, experto en materia transaccional, en estos sectores “ninguna operación puede cerrarse sin la autorización previa de las autoridades competentes”. En otras palabras, la regulación no es un paso administrativo más, sino la condición misma que define si una transacción puede materializarse o no.
En México, este filtro crítico lo ejercen organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE, en transición a la Comisión Nacional Antimonopolio), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, en transición a la Agencia de Transformación Digital y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones). Su papel no es aprobar o rechazar por conveniencia, sino verificar que los requisitos establecidos en las leyes sectoriales se cumplan con precisión. La reforma reciente de dichos marcos legales ha elevado la complejidad, obligando a las empresas a replantear su planeación.
El tiempo, en este terreno, se convierte en un factor estratégico. Mientras en mercados abiertos una fusión puede concretarse en semanas, en sectores regulados los plazos suelen oscilar entre 30 y 90 días hábiles, extendiéndose en operaciones que generan dudas sobre competencia o concentración. Estos retrasos no son menores: pueden impactar la integración de compañías, los cronogramas de financiamiento o incluso cláusulas contractuales pactadas entre las partes. La advertencia es clara: quien no contemple desde el inicio la variable regulatoria arriesga la viabilidad misma de la operación.
Otro elemento central es el due diligence reforzado. En sectores como el energético o el financiero, los activos bajo concesión o licencia gubernamental exigen una revisión minuciosa de sus condiciones. Una omisión puede traducirse en sanciones millonarias, nulidades o pérdida de permisos, comprometiendo todo el proyecto. Casos recientes lo confirman: en 2022, el IFT frenó la venta de activos de telecomunicaciones por riesgos de concentración de espectro; en 2023, la fusión de dos entidades financieras se retrasó nueve meses por observaciones de la CNBV.
El mensaje para las compañías es inequívoco: el éxito de una transacción en sectores regulados no depende solo del atractivo económico, sino de la capacidad de navegar con eficiencia el entramado normativo. Esto implica anticipar riesgos, contar con asesores especializados y alinear las áreas financiera y legal para evitar desajustes que puedan frenar la operación.
De cara al futuro, los sectores regulados en México —energético, financiero, telecomunicaciones— seguirán mostrando gran dinamismo en materia de M&A. Pero también lo harán en un entorno más exigente, donde las autoridades endurecerán su supervisión. Las empresas que adopten una visión estratégica del cumplimiento normativo no verán a los reguladores como un obstáculo, sino como un aliado para dar certeza y legitimidad a sus operaciones.
La conclusión es clara: en el nuevo escenario mexicano, la regulación dejó de ser la última página del contrato para convertirse en el primer filtro del negocio. Solo quienes integren este factor en el corazón de su estrategia lograrán transacciones exitosas y sostenibles.
