Cuando se habla de la relación entre inflación y política fiscal, la discusión requiere abarcar los hallazgos de la academia y la experiencia propia de la implementación de la política económica. De esta forma es obvio distinguir que las lecciones más urgentes están en el presente. Uno de los aprendizajes más persistentes de ambas es que las anclas nominales no sobreviven al desgaste fiscal.
La última versión del trabajo de Robert Barro y Francesco Bianchi —Fiscal Influences on Inflation in OECD Countries, 2020–2023— ofrece evidencia valiosa. Con datos de 37 países, revela que el repunte inflacionario postpandemia fue, en gran parte, una válvula de escape para las presiones fiscales: hasta el 80% del aumento del gasto público en ese periodo fue absorbido por una inflación inesperada, no por recortes ni mayores impuestos.
La lógica es tan intuitiva como inquietante: cuando los gobiernos enfrentan un aumento abrupto del gasto, como el que trajo la pandemia, y su nivel de deuda previa es bajo o con vencimientos de corto plazo, la inflación actúa como el mecanismo que permite cerrar la brecha presupuestaria. El dinero pierde valor, pero se gana tiempo. El problema es que ese tiempo se acaba. Y en México, hacia 2027, ese reloj se llama Pemex.
En columnas anteriores he reflexionado sobre la importancia de proteger el equilibrio fiscal y sobre el legado institucional que requiere mantener a raya el riesgo de dominancia fiscal. Hoy, con una inflación subyacente por encima de la cuota superior del rango de tolerancia en torno a la meta de 3%, un banco central que ha emprendido un ciclo de relajación monetaria, y una estrategia de consolidación fiscal a la que le restan al menos 2 años y medio más, el papel de Pemex vuelve al centro.
No porque hoy esté comprometido el déficit. De hecho, las autoridades fiscales han contenido el déficit primario y la deuda pública. Tampoco porque esté presionando el tipo de cambio. El Banco de México ha logrado reducir el grado de restricción sin efectos adversos sobre la moneda. Pero el reto no está en 2025: está en 2026, con 2027 en el retrovisor.
El gobierno ha prometido que, a partir de ese año, Pemex dejará de depender del erario. Pero, como advertimos desde los anuncios del nuevo plan, eso solo lo sabremos si lo medimos. Y hoy, esa medición es incierta. No hay un marco de evaluación para los proyectos que recibirán recursos del fondo que está construyendo Banobras. No hay estimaciones oficiales de retorno, ni criterios para evaluar eficiencia operativa o rentabilidad financiera.
¿Por qué importa esto para la inflación? Porque, como señala el trabajo de Barro y Bianchi, el vínculo entre déficit, deuda y precios depende no solo del nivel de deuda, sino de su duración, del apetito por instrumentos domésticos y, sobre todo, de la credibilidad del ajuste fiscal futuro. Y Pemex, sin un plan claro de rentabilidad, se convierte en un riesgo latente para ese ajuste. Si en 2026 el crecimiento no repunta, la recaudación no mejora o el precio del petróleo no acompaña, la tentación de financiar a Pemex vía inflación —directa o indirectamente— será difícil de resistir.
Esta dinámica pone presión sobre el Banco de México. Su mandato es claro: mantener una inflación baja y estable. Pero cuando el impulso fiscal opera en sentido contrario, y cuando el financiamiento público depende cada vez más del gasto corriente o de empresas que requieren apoyo recurrente, el banco central se ve obligado a compensar, mientras resiste su autonomía, con una postura más restrictiva por más tiempo, a costa de menor crecimiento y mayor riesgo financiero.
En los próximos meses, el país enfrentará decisiones fundamentales: ¿cómo asegurar el financiamiento de programas sociales y pensiones sin comprometer la estabilidad macro? ¿Cómo mantener el apoyo a empresas públicas sin romper el equilibrio fiscal? ¿Cómo financiar mayores presiones estructurales sin forzar a la política monetaria a cargar con todo el ajuste (mientras pueda)?
De ahí la urgencia de construir colchones fiscales hoy, no cuando el margen ya esté agotado. La reforma fiscal, en cualquiera de sus variantes, no puede postergarse más allá de 2026. Y Pemex debe operar con métricas claras, auditables, comparables. No se trata de abandonar su papel estratégico, sino de distinguir entre lo rentable, lo necesario y lo inviable.
El país ha navegado con éxito entre presiones externas, choques internos y un entorno de alta inflación global. Pero el viento podría arreciar si el plan no resulta exitoso. Y el ancla institucional que nos ha permitido evitar escenarios de dominancia fiscal —el equilibrio entre política monetaria y fiscal— se pondrá a prueba en los próximos años.
Pemex tiene que cumplir sus metas, los recursos públicos deben asignarse con eficiencia, la base tributaria necesita fortalecerse y la autonomía del banco central debe preservarse. Solo así México podrá consolidar una narrativa de sostenibilidad creíble y duradera. Si no, la presión inflacionaria volverá a tocar la puerta, esta vez no como una herencia de la pandemia, sino como una consecuencia de las decisiones que tomamos —o evitamos— en el presente.
