El 16 de julio de 2025, México dio un giro silencioso pero contundente en la lucha contra el lavado de dinero. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) no solo actualiza conceptos o sube multas: redibuja el mapa del cumplimiento en el país.
Y aunque pareciera una reforma técnica para abogados y compliance officers, su alcance va mucho más allá. Desde desarrolladores inmobiliarios hasta notarios, desde proveedores de servicios de activos virtuales hasta fideicomisos, la reforma amplía el universo de actividades vulnerables, endurece la vigilancia y redefine la colaboración entre sector privado y autoridades. Incluso empresas pequeñas o sociedades locales quedarán sujetas a estas nuevas reglas.
Un cambio de ADN
El gran cambio es de enfoque: ahora la ley exige actuar. La reforma convierte a la LFPIORPI en una herramienta frontal del Estado, que alimenta con inteligencia a las autoridades facultadas para sancionar penalmente.
Además, el enfoque basado en riesgos deja de ser una recomendación y se convierte en mandato. Las empresas deberán contar con políticas de identificación de clientes, monitoreo automatizado, responsable de cumplimiento, auditoría externa y capacitación. El uso de tecnología será clave.
Más allá del 50%
El umbral para identificar al Beneficiario Controlador baja del 50% al 25%. Ya no basta con saber cuánto tiene alguien, sino quién controla o se beneficia. También será obligatorio registrar a los beneficiarios de todas las sociedades mercantiles ante la Secretaría de Economía.
Nuevas actividades, nuevos umbrales
Se suman nuevas actividades vulnerables como desarrollos inmobiliarios, mecanismos alternativos de solución de controversias y la intermediación e intercambio de activos virtuales. Bajan los umbrales: la transmisión de inmuebles pasa de 16,000 a 8,000 UMAs; los fideicomisos a 4,000; y las operaciones con activos virtuales desde 210 o incluso 4 UMAs diarios.
Adiós al efectivo, hola a la trazabilidad
Ya no se podrán realizar pagos en efectivo ni mediante consignaciones judiciales. Además, los avisos por operaciones sospechosas deberán enviarse en 24 horas, incluso si no se concretaron. Hay que anticipar.
¿Por qué importa?
Porque marca un antes y un después en el cumplimiento antilavado. México está siendo evaluado por el GAFI, y esta reforma fortalece su posición ante organismos internacionales y gobiernos como EU.
Más que una reforma legal, es un mensaje: el país no tolerará estructuras opacas. Quien no dé prioridad al cumplimiento, podría quedar fuera del juego.
