El arranque de 2025 trajo consigo un optimismo cauteloso. Las cifras del primer trimestre mostraron un repunte alentador en varios indicadores económicos, dando la impresión de que la economía mexicana podría navegar con firmeza en un entorno global volátil. No obstante, este impulso inicial ha comenzado a desvanecerse peligrosamente conforme avanzamos hacia la segunda mitad del año. La tendencia ya no es de crecimiento sostenido, sino de enfriamiento. Y los indicadores son tan claros como preocupantes.
En el ámbito de las fusiones y adquisiciones —un termómetro crucial para medir la confianza empresarial— México está comenzando a perder atractivo frente a sus competidores regionales. Mientras América Latina en su conjunto registró un aumento del 7% en el valor de estas operaciones, México se desmarcó negativamente: el número de transacciones cayó a 121 en el primer semestre de 2025 y su valor descendió 23%, según datos de TTR. La señal es contundente: el apetito inversor por la región sigue intacto, pero México está dejando de ser el único destino.
¿Por qué este alejamiento? La respuesta está en una palabra que se repite como eco en cada foro, análisis y entrevista: incertidumbre. Esta no solo se percibe en la política interna y las reformas polémicas —como la judicial, cuyas consecuencias institucionales aún están por verse—, sino, y de manera crítica, en el área que más necesita certeza para detonar crecimiento sostenido: la infraestructura.
En este terreno, las señales son preocupantes. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reportó una caída de cerca del 25% en la inversión pública. Este retroceso tiene efectos en cascada: afecta la generación de empleo formal, reduce la confianza de los inversionistas privados y debilita las cadenas de suministro.
Empresas transnacionales como General Motors y Nissan ya consideran reubicar parte de sus operaciones o cerrar algunas plantas ante los embates arancelarios internacionales y la falta de condiciones adecuadas para contrarrestar su efecto en México.
La falta de inversión en nuevas obras en electricidad, agua, transporte y telecomunicaciones no envía un mensaje invitando a la iniciativa privada a invertir más en México en un momento en que el país deberá capitalizar al máximo su cercanía geográfica con Estados Unidos y su papel estratégico en el contexto del nearshoring.
Más allá de la infraestructura física, se suma la incertidumbre energética. Empresas como Iberdrola han optado por reducir su presencia en México, alegando falta de compromiso a largo plazo por parte de sus clientes ante la incertidumbre local y global.
Sin claridad en cuanto a las nuevas reglas, sin incentivos sostenidos y sin visión de largo plazo, los inversionistas optan por mercados donde las condiciones sean más predecibles y competitivas.
En el frente macroeconómico, los datos no son mucho más alentadores. El crecimiento fue de apenas 0.2% en el primer trimestre de 2025, luego de una contracción de 0.7% en el cierre de 2024. A pesar de tres meses consecutivos con ligeros avances, el consenso del sector financiero espera un crecimiento de apenas 0.2% para todo el año, y algunas estimaciones internacionales advierten incluso de una posible recesión técnica. En contraste, la Secretaría de Hacienda mantiene una visión optimista, anticipando un crecimiento de hasta 2.3%. La discrepancia entre expectativas oficiales y privadas no contribuye precisamente a reducir la percepción de riesgo.
¿Qué camino queda entonces? El gobierno mexicano debe enviar señales claras y contundentes de compromiso con la inversión, especialmente en infraestructura. Esto implica no sólo aumentar la inversión pública directa, sino también facilitar los esquemas de asociación público-privada que, hasta ahora, han sido anunciados de forma incipiente y sin seguimiento real.
La llegada de nuevos jueces bajo una reforma judicial controversial también debe ser vigilada con atención: el sistema legal es clave para garantizar la certidumbre jurídica de las inversiones. Si estos jueces logran demostrar profesionalismo y apego a la ley, se podrá empezar a revertir parte del daño reputacional.
México tiene grandes ventajas; ubicación privilegiada, mano de obra calificada, acceso a mercados y un marco comercial robusto.
Pero sin infraestructura y sin certidumbre, esas ventajas se disuelven. Si el país quiere seguir siendo una pieza estratégica en las cadenas globales de valor, debe hacer su tarea.
La inversión no espera. Y México tampoco debería hacerlo.
