El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece en su artículo 34.7 que las partes deben reunirse el 1 de julio de 2026, fecha que marca el sexto aniversario de su entrada en vigor, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y decidir si extienden su vigencia por otros 16 años.
Como resultado de esta fecha puntual, y que EU planea iniciar las consultas públicas en octubre de 2025, se ha hablado de una “revisión anticipada”. Sin embargo, de acuerdo con el USMCA Implementation Act (ley con la que EU ratificó el T-MEC), el Representante Comercial de EU (USTR) debe iniciar el proceso de consultas públicas 270 días antes del inicio de la revisión trilateral (el 4 de octubre de 2025), y 180 días antes (el 3 de enero de 2026), el USTR debe presentar un informe al Congreso de EU que describa su evaluación, recomendaciones y postura respecto a la posible prórroga del T-MEC.
Por su parte, México no cuenta con un mecanismo formal equivalente, pero ya inició reuniones preparatorias con el sector privado y diversas cámaras empresariales.
Entre los principales puntos de presión por parte de EU en la revisión del tratado, podría encontrarse: 1) un posible endurecimiento de las reglas de origen para fortalecer la integración regional; 2) la incorporación de reglas sectoriales destinadas a limitar la presencia de China en el mercado norteamericano; 3) ajustes al Mecanismo de Respuesta Rápida para reforzar su alcance o aplicación; 4) cambios en disposiciones laborales (particularmente en salarios); y, 5) la inclusión de cláusulas orientadas a reforzar la certeza jurídica para las inversiones.
Uno de los aspectos más críticos en la próxima revisión del T-MEC será la posible modificación a los requisitos de contenido regional aplicables a las mercancías exportadas. El tratado establece reglas de origen que determinan si un producto califica como “norteamericano” y, en consecuencia, si puede acceder a los beneficios arancelarios del acuerdo. Por ejemplo, actualmente el sector automotriz debe cumplir con un Valor de Contenido Regional (VCR) que varía entre 62.5% y 75.0%, dependiendo del tipo de componente y de si se trata de vehículos ligeros, pesados o de pasajeros. Sin embargo, en la práctica, una proporción significativa de las exportaciones mexicanas incorpora insumos originarios de fuera de la región, especialmente de Asia, lo que a juicio de EU debilita el propósito central del tratado: fortalecer la integración de la región.
En ese sentido, es posible que EU proponga elevar los umbrales de contenido regional (por ejemplo, del 75.0% al 85.0% en sectores estratégicos) para garantizar que una mayor proporción del valor agregado se genere dentro de América del Norte. Además, podría contemplarse que ciertos sectores cumplan con un requerimiento mínimo de contenido estadounidense. En el corto plazo, esto implicaría retos para el sector exportador mexicano, ya que muchos insumos intermedios no se fabrican localmente o se producen a precios más altos en la región.
En consecuencia, las empresas tendrían que reconfigurar sus cadenas de suministro, lo que podría derivar en incrementos en los costos de producción y una pérdida de competitividad. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, conforme las empresas se ajusten y fortalezcan su presencia en sectores donde previamente tenían una participación limitada, podría observarse un aumento sostenido en la producción y el empleo.
Aunque los posibles cambios al T-MEC anteriormente descritos podrían plantear diversos retos en el corto plazo para la economía mexicana (desde mayores requisitos aduanales hasta incrementos en los costos de producción), también representan oportunidades que podrían potenciar el crecimiento económico del país. Si las empresas mexicanas logran captar una parte importante de la cuota de mercado que dejen las compañías asiáticas en la región, como resultado de políticas comerciales proteccionistas orientadas a fortalecer la integración entre los tres países, habría un incremento en la producción, las utilidades y la creación de empleo, lo que compensaría con creces el posible aumento en los costos. Además, los ajustes al MLRR y una mayor certeza jurídica contribuirían a consolidar el nearshoring y el “Plan México”, al fomentar un mejor ambiente de negocios. En otras palabras, más que generar preocupación, la revisión anticipada del T-MEC debe ser vista como una noticia positiva para el país, con el objetivo de disipar la incertidumbre y seguir fortaleciendo la integración comercial de la región.
