En una época donde las decisiones más sensibles de nuestra vida —desde lo que consumimos hasta cómo protegemos nuestra privacidad— se toman en línea, hablar de derechos digitales ya no es opcional: es urgente.
En ese contexto, existe uno que desde mi punto de vista es determinante para el bienestar de millones de personas: el derecho a la alfabetización financiera digital. En México, los usuarios enfrentan diariamente decisiones que comprometen no solo su privacidad, sino su estabilidad económica, ya que involucran el uso de plataformas digitales, donde se manejan datos personales, información bancaria y transacciones que, de ser mal utilizadas, pueden poner en riesgo no solo el dinero de una persona, sino también el patrimonio de toda una familia.
Por eso, entender nuestros derechos digitales es fundamental. Saber en qué momento podemos ser vulnerados, a quién recurrir ante un abuso y cómo ejercer nuestros derechos como internautas es parte de un conocimiento que no puede quedarse solo en los expertos en tecnología. En ese contexto, todos deben tener derecho a entender cómo funciona su dinero en el entorno digital.
Sin embargo, la educación financiera aún no llega a todos como debería y omitirla tiene consecuencias graves. La falta de conocimientos financieros está directamente relacionada con decisiones mal informadas, endeudamiento excesivo y, en muchos casos, con un estado constante de estrés financiero, un problema que, de acuerdo a los datos del Barómetro de Tala, afecta al 85% de los mexicanos.
Esta cifra es alarmante no solo por su volumen, sino por lo que representa: una población vulnerable, más propensa a caer en fraudes, a compartir datos sensibles en contextos poco seguros y aceptar productos financieros que no entienden completamente.
La alfabetización financiera digital se vuelve entonces no solo un derecho, sino una herramienta de defensa. Una población informada financieramente puede identificar riesgos, entender los términos y condiciones de un crédito digital, distinguir entre plataformas confiables y aquellas que no lo son y, sobre todo, tomar decisiones que protejan su bienestar económico.
Este derecho debe ejercerse no solo desde el acceso, sino desde la comprensión. Por eso, además de facilitar el acceso a crédito, hemos desarrollado programas de educación financiera que han llegado, a través de nuestra app, a más de 3 millones de personas. Estos contenidos, gratuitos y diseñados para el público general, fortalecen el conocimiento financiero de la población, no solo para que puedan planear y gestionar mejor su dinero, sino para que estén menos expuestos a prácticas abusivas o engañosas.
La transformación digital ha traído grandes avances, pero también grandes responsabilidades. Y en este nuevo ecosistema, donde las transacciones financieras, las decisiones de inversión y el acceso a productos económicos ocurren en línea, no basta con tener conectividad: necesitamos tener conocimiento. Necesitamos alfabetización financiera digital.
Así como exigimos privacidad en nuestras redes sociales o seguridad en nuestras plataformas de mensajería, debemos exigir acceso a herramientas educativas que nos permitan navegar con seguridad el mundo financiero. Hoy más que nunca, garantizar este derecho no es una opción: es una necesidad para construir una ciudadanía digital verdaderamente libre, informada y empoderada.
