Querido Jamie Susskind,
Imaginé esta carta después de revisitar The Digital Republic, el libro con el que tú intentas responder una de las preguntas más difíciles del siglo XXI: ¿cómo pueden sobrevivir la libertad y la democracia en un mundo gobernado por tecnologías digitales?
Elijo escribirte así, en forma de carta pública, como homenaje a Albino Luciani —el Papa Juan Pablo I—, quien en su Illustrissimi escribía a personajes históricos y ficticios para reflexionar. Hoy te escribo a ti, porque tus ideas pueden ayudarnos a entender lo que está en juego en México.
En tu libro —ágil, lúcido y urgente— sostienes que el gran reto de nuestro tiempo puede resumirse en dos palabras: poder incontrolado. Ese poder, hoy, ya no reside únicamente en parlamentos o palacios. Vive en el código, en los algoritmos, en las plataformas. “Los ingenieros de software —dices— se han vuelto ingenieros sociales”. Y en ese desplazamiento sutil, hemos aceptado nuevas reglas de vida que nadie eligió y que pocos entienden. Cada línea de código potencialmente puede convertirse en norma; cada base de datos, en territorio de vigilancia; cada interfaz, en una forma de condicionar lo que vemos, pensamos y creemos posible.
Pensé en ti —o más bien, en tus advertencias— mientras leía sobre la ola legislativa que recorrió estos días el Congreso mexicano. En nombre de la seguridad, y con una velocidad que bordea la imprudencia, se aprobaron leyes que parecen escritas por alguien que leyó tu libro no para evitar los riesgos que describes, sino para institucionalizarlos.
El paquete legislativo no es menor. Incluye la creación de una CURP biométrica obligatoria (Ley General de Población), ligada a nuestras huellas y rostro, sin la cual no se podrá acceder a trámites, servicios o derechos. Se contempla una Plataforma Única de Identidad (Ley General en Materia de Desaparición), consultable por autoridades civiles y militares, que concentrará todos nuestros datos personales y biométricos.
A ello se suma la promulgación de una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permite la interconexión masiva de bases de datos fiscales, migratorias, inmobiliarias, de telecomunicaciones, salud, banca y consumo, sin orden judicial, sin registro de acceso, y sin mecanismos de notificación. La Ley de la Guardia Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública autorizan además a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones encubiertas, vigilancia en tiempo real, infiltración digital y geolocalización, incluso cuando estas prácticas ya habían sido invalidadas por la Suprema Corte en 2023 por violar derechos fundamentales.
Como tú adviertes, estamos creando una arquitectura de dominación sin rostro y sin rendición de cuentas. Aquí no hay algoritmos que decidan el feed de noticias, pero sí plataformas estatales que decidirán quién puede ejercer su ciudadanía. No hay un Zuckerberg, pero hay un Estado que pide que confiemos —a ciegas— en que usará bien sus nuevas herramientas de vigilancia.
Tú propones una alternativa: el modelo de la República Digital, un marco basado en principios republicanos. Uno de ellos me parece especialmente poderoso: el derecho a no tener amo, ni público ni privado. Ni gobiernos que recolecten todos nuestros datos sin explicación, ni corporaciones que extraigan nuestra intimidad como recurso económico.
Ese ideal resuena profundamente en cualquier sociedad que se precie de ser democrática. Pero también implica un desafío: ¿cómo diseñar instituciones capaces de gobernar el poder digital sin replicar las lógicas de control que pretendemos limitar? ¿Cómo impedir que el Estado —en nombre de la protección— se convierta en el nuevo Leviatán de datos?
Por eso te escribo esta carta imaginaria, Jamie. No para pedirte respuestas —ya has ofrecido muchas, y bien argumentadas— sino para abrir una conversación pública que en México requiere más fuerza.
Estas leyes no son neutras ni técnicas. Son decisiones profundamente políticas sobre quién decide, quién vigila y quién obedece. Y aunque hoy se nos promete que se usarán para el bien, la historia enseña que la infraestructura del abuso rara vez se construye durante la represión: suele montarse antes, en nombre del orden, la eficiencia o la seguridad.
¿No deberíamos, como tú sugieres, detenernos a preguntar no solo si el sistema funcionará, sino si es legítimo que exista tal sistema? ¿No deberíamos imaginar una república donde el derecho a la privacidad, a la disidencia y a la diferencia sea tan irrenunciable como el derecho a votar?
Gracias, entonces, por ayudarnos a pensar desde la filosofía lo que está en juego en lo técnico. Y a quienes leen estas líneas, les dejo esta invitación: no se trata solo de protegernos como individuos. Se trata, como tú bien dices, de preguntarnos qué podemos hacer juntos para protegernos de los nuevos imperios digitales. Porque la república —digital o no— solo sobrevive si no dejamos de hacerle preguntas al poder.
Con admiración.
