Decir que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está al borde de la desaparición o de su colapso financiero en el corto plazo sería inexacto. Pero sostener que su viabilidad está garantizada, sería igualmente, un exceso de optimismo. El reciente Informe que presenta el IMSS al Congreso y al Ejecutivo Federal 2024-2025 sobre su situación financiera (IMSS 2025) no contiene señales de un colapso inmediato, pero sí múltiples advertencias que, si se ignoran, comprometerán la sostenibilidad financiera, operativa y técnica del organismo más grande del sistema de salud mexicano.
El informe deja claro que el Instituto cerró el año 2024 con un superávit de 39 mil millones de pesos. Los ingresos aumentaron en 73 mil millones de pesos respecto a 2023, impulsados principalmente por el alza en los salarios mínimos y la formalización del empleo. El gasto, sin embargo, creció en 101 mil millones en comparación con el año anterior. El resultado neto sigue siendo positivo, aunque el margen se vuelve cada vez más estrecho. Se gasta cada vez más para sostener un modelo que, en su diseño original, dependía de un mercado laboral formal que hoy representa menos de la mitad de la economía.
Frente a esta realidad, el director general del IMSS ha sido enfático al rechazar cualquier narrativa de crisis. Argumenta que se han hecho compras más eficientes, que se ha fortalecido la digitalización, que hay una estrategia llamada “2-30-100” para alcanzar la meta de dos millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de medicina familiar, y que junto con la prevención serán los ejes que otorguen viabilidad al Instituto. Si bien reflejan esfuerzos reales que pueden ser debatibles, no responden a la magnitud del desafío.
Cabe señalar que los informes anuales del IMSS al Ejecutivo y al Congreso han incluido desde hace más de una década advertencias reiteradas sobre riesgos de viabilidad financiera. Cada año se reconocen con más precisión las tensiones del modelo: la transición demográfica, la carga creciente de enfermedades crónicas, el aumento del gasto en pensiones, y el desfase entre expansión de coberturas y fuentes de financiamiento. El problema no es que no se identifiquen los riesgos, sino que sus implicaciones no se han traducido en decisiones de solución de gran calado.
El crecimiento de la productividad médica es real. Se han realizado más de 96 millones de consultas de medicina familiar y 23 millones de especialidad en el último año. También se han puesto en marcha unidades médicas nuevas y se han digitalizado procesos administrativos que mejoran la trazabilidad y eficiencia. Sin embargo, ninguno de estos logros resuelve por sí mismo el dilema estructural de fondo: el IMSS está cargando con una doble presión, la epidemiológica y la financiera, en un entorno demográfico adverso.
El gasto en enfermedades crónicas y cáncer ya representa casi una quinta parte de los ingresos del Seguro de Enfermedades y Maternidad. Y la cobertura médica de los pensionados —que sigue creciendo— presenta para 2025 un déficit estimado de más de 62 mil millones de pesos. Si a eso se suma que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS consume más de una cuarta parte del gasto total, se hace evidente que no basta con producir más servicios: hay que transformar el diseño financiero.
A esto se agrega una expansión de cobertura sin financiamiento proporcional. El Instituto ha incluido a millones de personas sin historial contributivo, como estudiantes o beneficiarios de programas sociales, y recientemente la incorporación del Programa IMSS Bienestar, sin que exista un mecanismo fiscal claro y proporcional que compense estas ampliaciones. La narrativa institucional insiste en la universalización del derecho a la salud, pero omite que este tipo de expansión no puede sostenerse con un esquema de cuotas tripartitas —aportaciones del trabajador, patrón y Estado— que fue pensado para otro momento de país, otra economía y otra pirámide poblacional.
En este contexto, el Director del IMSS presenta la prevención como la gran solución. Programas como Casa por Casa o Vive Saludable apuntan en la dirección correcta. Pero su impacto, hasta ahora, es más declarativo que medible. El informe no ofrece evidencia de cómo estas estrategias contendrán el gasto ni reducirán la prevalencia de enfermedades. Hablar de prevención sin resultados verificables es como celebrar el éxito de una vacuna que aún no ha generado defensas en el organismo.
La preocupación no es que el IMSS esté a punto de quebrar, sino que las señales de estrés están ahí, documentadas, y que la respuesta institucional ha sido más defensiva que reformadora. Lo que el informe dice, sin estridencias, pero con claridad técnica, es que la suficiencia financiera del Instituto está proyectada hasta el 2036. Después de esa fecha, las presiones acumuladas harán inevitable un replanteamiento. La pregunta no es si habrá que reformar al IMSS, sino si se hará a tiempo y con visión de Estado.
Más allá de los discursos, el Instituto necesita una nueva arquitectura financiera sin sacrificar calidad, eficiencia ni equidad. Requiere también una política de capital humano de largo aliento, capaz de retener talento médico en condiciones dignas y sostenibles. Y, sobre todo, necesita recuperar la confianza de sus derechohabientes no sólo con más consultas, sino con mejores resultados de salud.
El IMSS no está al borde del abismo, pero tampoco puede seguir avanzando con la mirada puesta en el retrovisor. La oportunidad de corregir el rumbo sigue abierta, pero exige decisiones valientes, no solo administrativas ni meramente declarativas.
