La reciente investigación anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través del organismo FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, ha desatado un temblor reputacional de alto impacto en el sistema financiero mexicano. Más allá del contenido del expediente, aún reservado en gran medida, el anuncio ha generado una ola de incertidumbre, cuestionamientos y especulaciones que afectan tanto la imagen de estas instituciones como la percepción de México en el panorama global.
El señalamiento se enmarca en presuntas operaciones vinculadas con estructuras internacionales de lavado de dinero, particularmente relacionadas con empresas de la República Popular China supuestamente vinculadas al tráfico de fentanilo. Las acusaciones, aún sin pruebas concluyentes públicas, fueron recibidas con escepticismo por parte de los accionistas y directivos de los intermediarios afectados, quienes aseguran haber cumplido cabalmente con la normatividad vigente en materia de prevención de lavado y conocimiento del cliente.
Esta imputación que, por su forma y momento, parece injusta ya que no se tienen todos los elementos, daña directamente su reputación y su buen nombre como instituciones financieras, lo cual es muy difícil de atemperar o matizar. Ya que las entidades del ecosistema financiero, como ocurre en la Medicina o el Derecho, el prestigio y buena fama son esenciales, son de los activos más delicados.
Resulta también relevante destacar que las autoridades financieras mexicanas declararon públicamente —en palabras de la Secretaría de Hacienda— que se le solicitaron pruebas fehacientes al gobierno estadounidense, sin haber recibido mayores elementos. Ello refuerza la percepción de que se trata de una acción desproporcionada y posiblemente motivada por factores geopolíticos ajenos a la operación directa de tales bancos y la casa de bolsa.
¿Es esto un daño colateral de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? La posibilidad no es remota. Algunas fuentes sugieren que las transacciones señaladas están claramente identificadas entre empresas mexicanas y chinas, sin opacidad ni ilegalidad aparente. En este sentido, podría tratarse que de manera similar al caso de los aranceles, se trate de una presión política exterior, para que México revise su postura o se alineen sus visiones, en ciertas áreas comerciales o estratégicas para los Estados Unidos.
El gobierno mexicano, a través de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ha tomado medidas relevantes: la intervención gerencial de las tres entidades financieras, un recurso excepcional que no responde a una problemática de solvencia y liquidez, sino a la necesidad de proteger la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Aunque CIBanco, Intercam y Vector por activos o volumen de transacciones sean de las instituciones grandes del Sistema Financiero Mexicano, el efecto contagio dada la interconexión de las instituciones, y, por ende, la posible ampliación del efecto reputacional es real, pudiendo afectar incluso la confianza de los usuarios en otras instituciones de mayor tamaño.
La intervención gerencial fue una medida acertada por nuestras autoridades financieras, para mantener el orden y la estabilidad de dichas instituciones financieras, también conlleva retos relevantes para evitar el pánico ni desbandada de su clientela y de sus inversionistas. La CNBV, la Secretaría Hacienda y el Banco de México deben continuar obrando en este asunto con mesura, transparencia y coordinación internacional. Es conveniente que nuestros reguladores financieros continúen el diálogo directo con las autoridades estadounidenses, tanto para defender la integridad de las entidades financieras intervenidas como para exigir claridad y evidencia que respalden las acusaciones.
¿Y el sistema financiero mexicano?
México goza de una buena percepción internacional como un país con un sistema financiero robusto, capitalizado, con buenos niveles de solvencia y liquidez bajo los estándares de Basilea. El Banco de México, la CNBV y la Secretaría de Hacienda han sido históricamente reconocidos por su solidez técnica y su apego a buenas prácticas internacionales. Sin perjuicio de ello, episodios como este pueden erosionar esa confianza, especialmente si se percibe que la supervisión local depende de decisiones externas que no siempre se ajustan a la lógica jurídica o financiera.
En definitiva, la investigación del FinCEN podría marcar un antes y un después en la relación financiera bilateral entre México y Estados Unidos. Las instituciones involucradas enfrentarán un camino largo y tortuoso para recuperar su reputación y estabilidad operativa. De esta suerte el nuevo anuncio del Departamento del Tesoro de extender 45 días el plazo para la desconexión de las tres instituciones mexicanas de los sistemas de transferencia internacional de fondos, en razón del avance del Gobierno de México en contra del lavado de dinero de los cárteles de narcotraficantes, denota dicha interacción con el gobierno norteamericano.
El gobierno mexicano entonces continúa con la contención del daño reputacional con una defensa firme de su soberanía financiera y la integridad de nuestro sistema frente a dichas acciones unilaterales adoptadas desde Washington DC.
Al final del día, no se trata solo de tres instituciones financieras, ya que concierne de la credibilidad de todo un país ante los ojos del mundo.
