Según reveló el propio Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a través de un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Programa IMSS-Bienestar será absorbido por el régimen obligatorio (ordinario) del IMSS. Todos los trabajadores, hospitales, unidades rurales y responsabilidades de atender a población no derechohabiente pasarán directamente a las estructuras del Instituto.
Con este decreto previsto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación este primero de julio, el Programa IMSS-Bienestar (diferente del OPD IMSS Bienestar) dejará de existir como política pública independiente tras 45 años de operación ininterrumpida. Su absorción total por parte del IMSS marca el fin de un programa histórico para millones de mexicanos sin seguridad social.
No es un simple ajuste administrativo. El Programa IMSS-Bienestar, creado en 1979 como IMSS-Coplamar, ha sido el único modelo institucional capaz de ofrecer atención médica continua, gratuita y culturalmente adaptada a las zonas rurales, indígenas y marginadas del país. Su fortaleza radicó en el Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS), que combinó servicios clínicos con acción comunitaria a través de redes de promotoras voluntarias, parteras tradicionales, auxiliares rurales y un enfoque intercultural bajo un mismo paraguas. Era salud pública desde lo local. Todo ello, operando dentro del IMSS, pero con financiamiento independiente y reglas propias.
Sin embargo, en 2025, este modelo desaparece. Por un decreto explícito, sí; pero también por eliminación presupuestaria: en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se asignó un solo peso al Programa IMSS-Bienestar bajo el tradicional Ramo 19. Por lo que el H. Consejo Técnico del IMSS tuvo que autorizar el uso de sus reservas para permitir la operación del Programa hasta este primero de julio (más de 10 mil millones de pesos).
Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el expresidente López Obrador planteó que el Programa se integraría al nuevo OPD IMSS-Bienestar como parte de una reorganización administrativa nacional, lo que requería una transición jurídica y presupuestal. La idea era buena, sin embargo, la ejecución ha sido opaca y deficiente. Y ahora el resultado, confuso.
Esto no es un detalle técnico: Con esta decisión, se consuma la desaparición de un modelo preventivo, comunitario y territorial que ha demostrado eficacia durante décadas, para sustituirlo por uno curativo, centralizado y hospitalario que enfrenta ya su propio colapso operativo.
La decisión de integrarlo al régimen ordinario no sólo elimina su presupuesto independiente (Ramo 19), sino que arriesga diluir su esencia en la vasta maquinaria burocrática del IMSS. El argumento oficial ha sido “eliminar duplicidades” y “unificar esfuerzos”. Pero esta integración encierra riesgos que vale la pena enumerar:
El riesgo financiero: El decreto establece que las unidades absorbidas podrán atender tanto a derechohabientes como a no derechohabientes, y que los costos serán compensados por el OPD. En otras palabras, se introduce un modelo de mercado interno con pagos cruzados, que puede generar disputas, retrasos y desequilibrios operativos. Además, el OPD tendrá que cubrir el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de los trabajadores jubilados y en activo del Programa (ya no será financiado con recursos federales), por lo que el OPD tendrá que hacer uso de su ya de por si presupuesto deficitario (165 mil millones para el 2025).
En caso de retrasos o falta de pago, el IMSS tendría que seguir haciendo uso de sus reservas para cubrir servicios a no derechohabientes, y tal como se ha sugerido anteriormente, implicaría una afectación directa al equilibrio actuarial del instituto, y colocaría a su Consejo Técnico en una posición jurídicamente delicada.
El riesgo operativo: El IMSS ordinario enfrenta saturación hospitalaria, falta de personal, largas listas de espera entre muchos otros problemas. Sumarle más de 11 millones de beneficiarios del programa sin una ampliación real de capacidades logísticas y clínicas es comprometer la calidad de atención de todos, tanto derechohabientes como no asegurados.
Además, los hospitales comunitarios serán reconvertidos en hospitales de subzona sin mantener los criterios de polivalencia, lo que requerirá al menos 10 mil nuevas plazas, mismas que el sindicato reconoce que el régimen ordinario no tiene capacidad de financiar.
El riesgo político: El silencio del Dr. Alejandro Svarch, director del OPD IMSS-Bienestar, frente a esta decisión revela un desplazamiento institucional que esta siendo retomado por otros actores políticos. El OPD no ha logrado generar confianza federalista con los estados. En los hechos, fue neutralizado antes de madurar. La integración del Programa al régimen ordinario se impuso como solución pragmática de corto plazo, sacrificando el proceso institucional que originalmente buscaba construir un sistema público de salud unificado.
No se puede construir un sistema universal de salud destruyendo el único modelo que funcionaba para los más pobres. El Programa IMSS-Bienestar no necesitaba morir. Necesitaba evolucionar. Su desaparición esta disfrazada de integración, si no se rectifica, el tiempo lo confirmará como un error histórico.
Pero no todo parece estar mal, hay una arista en el Decreto que favorecerá la estabilidad laboral de los casi 27,000 trabajadores del programa. Análisis que presentáremos en otra entrega.
