El 1 de septiembre de 2025 tomará protesta una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por primera vez en la historia democrática de México, los ministros y ministras que la integran fueron electos por voto popular. La elección fue el desenlace de un proceso largo y complejo, que inició en 2020 y culminó con la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 e implementada por el gobierno de Claudia Sheinbaum desde octubre del mismo año.
En total, se emitieron 116.7 millones de votos; participaron cerca de 12.7 millones de personas, 13% del padrón. Hugo Aguilar Ortiz, indígena mixteco originario de Oaxaca, obtuvo más de 6 millones de votos y será el nuevo presidente de la Corte.
Durante décadas, la justicia en México fue una caja negra. El Poder Judicial se comunicaba a través de sus sentencias, en un lenguaje técnico, oscuro y distante. La ciudadanía apenas entendía su funcionamiento. Las decisiones judiciales no se explicaban, no se discutían, no se traducían. Lo que debía ser un pilar democrático operaba en las sombras, lejos del escrutinio público y sin rendición de cuentas. Esa opacidad permitió que crecieran el nepotismo, la corrupción, las “puertas giratorias”, los “sabadazos” y una percepción de impunidad sistémica.
La nueva narrativa del Poder Judicial debe partir de un principio simple: justicia sin corrupción, separando al poder político del económico. Este debe ser el eje de toda comunicación institucional. No se trata de propaganda ni de control de daños. El mandato de la nueva SCJN es acabar con la corrupción del Poder Judicial. Y comunicar implica rendir cuentas. Se trata de explicar con claridad qué está cambiando, por qué se está cambiando y cómo eso mejora el acceso a la justicia para todas y todos.
Para lograrlo, es necesario romper con el viejo paradigma. El nuevo Poder Judicial debe hablar en un lenguaje claro, comprensible y directo. Se requiere un nuevo vocabulario para una nueva justicia: accesible, inclusivo, sin tecnicismos, que priorice la comprensión ciudadana por encima del formalismo legal. Debe explicar sus resoluciones sin jergas, acercarse a la ciudadanía y establecer canales de comunicación constantes y efectivos. No basta con emitir boletines o subir sentencias a un sitio web: hace falta construir una narrativa de servicio, cercanía y compromiso con los derechos humanos.
La comunicación judicial debe pensarse para distintos públicos. Primero, para las personas usuarias del sistema: quienes esperan justicia pronta y expedita. Segundo, para los trabajadores del Poder Judicial, que necesitan entender y sentirse parte de la transformación. Tercero, para la ciudadanía en general, que exige instituciones transparentes. Y cuarto, para los otros poderes, que deben respetar la independencia judicial, pero también colaborar con ella desde el diálogo institucional.
La diferencia clave entre el nuevo y el viejo Poder Judicial debe sentirse en el territorio. No basta con cambiar el método de selección de jueces; la legitimidad se gana en los juzgados, con cercanía, empatía y presencia. Por eso, la narrativa debe tener anclaje en realidades locales. Las campañas de comunicación deben ir acompañadas de presencia física en comunidades, especialmente donde la justicia ha sido históricamente inaccesible. Hay que formar vocerías que salgan del edificio y caminen el territorio. La figura del juez encerrado entre libros de derecho debe dar paso a una institucionalidad abierta, pedagógica y activa. El nuevo Poder Judicial debe ser capaz de hablar con la gente, no solo de sí mismo. Escuchar, explicar y responder es parte de su deber democrático.
Esto implica desarrollar contenidos pedagógicos, campañas de información, vocerías visibles, formatos multimedia, canales digitales, interacción en redes sociales, atención proactiva a medios y mecanismos de escucha ciudadana. También exige construir un relato de futuro: un Poder Judicial más eficiente, transparente, accesible y democrático. La narrativa debe reforzar que esta transformación no borra derechos, los garantiza; que no politiza la justicia, la aleja del poder económico; que no impone ideología, sino que devuelve el poder al pueblo. Esa es la base para una justicia más equitativa, más confiable y más legítima.
La comunicación también es una forma de justicia. Porque cuando el Poder Judicial se explica, se deja ver y se somete al juicio ciudadano, fortalece el Estado de derecho. En cambio, cuando guarda silencio, deja espacio para la desconfianza, la desinformación y la captura.
Hoy, el reto de los nuevos ministros y ministras no es solo técnico y doctrinario: es profundamente comunicacional. La buena noticia es que hay tiempo y condiciones para hacerlo bien. Lo que se requiere es la voluntad de construir una estrategia profesional, alineada con los objetivos de la reforma judicial, centrada en el interés público y comprometida con los derechos de las personas.
Porque la reforma ya está en marcha. Pero sin comunicación, no habrá transformación.
