Desde su primer mandato, Trump adoptó una postura abiertamente crítica hacia la Organización Mundial del Comercio (OMC), al considerar que sus reglas y decisiones han perjudicado los intereses económicos de EU. En 2017, su administración comenzó a bloquear el nombramiento de jueces para el Órgano de Apelación, lo que terminó por paralizar el mecanismo de resolución de disputas del organismo. Hoy, su rechazo es aún más evidente, ya que ha impuesto aranceles a más de 180 países, ignorando por completo los principios básicos del organismo. En un contexto global, marcado por crecientes tensiones comerciales, la OMC ha perdido buena parte de la influencia que tuvo en décadas pasadas.
El descontento de EU con el Órgano de Apelación de la OMC no comenzó con Trump. Desde 2005, Washington ha cuestionado los constantes fallos en su contra, especialmente los relacionados con prácticas antidumping como la “reducción a cero”, que el gobierno considera fundamentales para proteger a sus industrias. Trump prolongó esta inconformidad y la intensificó al acusar a la OMC de favorecer a China, permitiéndole mantener el estatus de país en desarrollo pese a su tamaño económico, y de permitir que el Órgano de Apelación actuara con demasiada autonomía, tomando decisiones más allá de lo que establecen los tratados. Aunque históricamente EU ya había vetado a jueces específicos, con Trump la estrategia se convirtió en un bloqueo total. Se opuso a todas las nuevas nominaciones, incluso cuando otros miembros impulsaban reformas. El resultado fue que, para diciembre de 2019, el Órgano ya no tenía el mínimo de tres jueces necesarios para funcionar. Desde entonces, cualquier país puede apelar una decisión en su contra y bloquear su aplicación, dejando al sistema de resolución de controversias en suspenso.
El principio de nación más favorecida (NMF), uno de los pilares de la OMC, establece que cualquier ventaja comercial otorgada por un país miembro a otro debe extenderse de inmediato y sin condiciones a todos los demás miembros. En teoría, este principio busca promover la igualdad y la no discriminación en el comercio internacional, pero en la práctica ha generado consecuencias desiguales, especialmente para economías avanzadas. Bajo este esquema, países que mantienen barreras regulatorias, subsidios ocultos o condiciones laborales y ambientales laxas han podido acceder a mercados desarrollados en igualdad de condiciones, sin necesidad de cumplir con los mismos estándares. Por ejemplo, desde su adhesión a la OMC en 2001, China ha sido uno de los principales beneficiarios del principio de NMF, al exportar masivamente bienes a precios bajos sin abrir por completo su mercado o respetar plenamente las reglas de competencia leal. De acuerdo con Trump, esta situación ha contribuido a la desindustrialización de regiones estadounidenses, ya que las empresas locales no pueden competir en condiciones similares.
Otra de las características estructurales más cuestionadas de la OMC es la posibilidad de que los países se autodeclaren como “en desarrollo”, lo cual garantiza diversos privilegios, como plazos más amplios para incorporar ciertos acuerdos o mayor flexibilidad para proteger sectores clave. A pesar de que China es la segunda economía más grande del mundo y el mayor exportador global, sigue amparándose en ese estatus, lo que ha generado fuertes críticas por parte de EU. Esta situación ha permitido a Pekín obtener ventajas significativas en el comercio internacional sin asumir las mismas responsabilidades que otros países desarrollados. Además, diversos gobiernos e industrias acusan a China de prácticas que, aunque difíciles de sancionar directamente bajo los actuales mecanismos de la OMC, distorsionan la competencia. Entre las críticas más citadas, destacan los subsidios masivos a empresas estatales, la transferencia forzada de tecnología como condición para acceder al mercado chino, restricciones al acceso de empresas extranjeras en sectores clave como el financiero o el de telecomunicaciones, y un entorno regulatorio que obstaculiza la operación de compañías extranjeras.
Adicionalmente, la ausencia de reciprocidad, uno de los principios rectores de la OMC, ha sido constantemente cuestionado. Las críticas a este punto derivan en que, mientras que las empresas chinas operan con relativa libertad en los mercados occidentales, las firmas extranjeras encuentran notables barreras de entrada en China, desde limitaciones legales hasta bloqueos tecnológicos y regulatorios.
