Abogada especializada en materia penal
Buergo Gómez Abogados, S.C.
El 1 de junio de 2025 quedó marcado como el día en que México realizó, por primera vez, una elección directa de jueces, magistrados y ministros. El Poder Judicial fue puesto en manos de la ciudadanía. Al menos, eso fue lo que se dijo. Pero lo que vivimos en realidad distó mucho de un ejercicio democrático. Porque no basta con abrir las urnas para hablar de libertad: se necesita información, condiciones parejas y garantías de imparcialidad. Nada de eso ocurrió.
La mayoría de las personas no conocía a los candidatos ni entendía del todo las funciones de quienes serían elegidos. La complejidad de las boletas, la falta de información oficial y el sesgo evidente en la promoción de ciertos perfiles convirtieron esta elección en una simulación. No fue libre. No fue pareja. Y así, no es democracia.
Elegir a tantos perfiles judiciales de una sola vez fue un desatino. No solo se expuso a la ciudadanía a un proceso caótico, sino que se desmanteló al Poder Judicial de golpe, borrando trayectorias valiosas y experiencia acumulada en nombre de una supuesta “renovación”. Una reforma de esta magnitud debió hacerse por etapas, empezando por vacantes y avanzando gradualmente, no con imposiciones disfrazadas de voto.
A esto se suma la indignante práctica de los “acordeones”: listas impresas con los números de los candidatos oficialistas, entregadas directamente por operadores del gobierno. Esos papeles circularon en casillas, fueron distribuidos por estructuras partidistas y terminaron sustituyendo cualquier criterio personal del votante. Es un delito electoral. Es una confesión pública de trampa. Y es una muestra más de cómo el poder político ha colonizado lo que debería ser el espacio más neutral del Estado: la justicia.
Porque cuando los jueces ya no son independientes, cuando se les elige por simpatía y no por trayectoria, lo que se está haciendo no es fortalecer al Poder Judicial, es someterlo. ¿Y cómo puede garantizar la ley alguien que le debe su lugar a quienes la usan como herramienta política?
Los mecanismos para garantizar una elección verdaderamente democrática no son un misterio. Había que garantizar piso parejo, darle voz a todos los perfiles, difundir sus propuestas de forma clara y neutral, y sobre todo, impedir que los partidos metieran las manos. Pero ocurrió todo lo contrario. El gobierno impulsó públicamente a sus favoritos, los partidos se involucraron, y la propaganda disfrazada de periodismo o influencia digital reemplazó al análisis jurídico serio.
La participación fue baja: entre 12 por ciento y 13 por ciento. No porque a la gente no le importe la justicia, sino porque muchas personas sabían que, al final, los ganadores serían quienes contaban con el respaldo del poder político. La gente no quiso validar una simulación. Y tenía razón.
Elegir jueces no es como elegir legisladores. No se trata de ideologías, ni de simpatías, ni de eslóganes. Se trata de capacidad técnica, de independencia y de decencia. Pero eso no es lo que se premió en esta elección. Lo que se premió fue la cercanía con el poder, la obediencia y la visibilidad artificial.
Lo más grave es que, tras este proceso, no solo tendremos un Poder Judicial debilitado, sino una ciudadanía aún más desencantada con la democracia. ¿Cómo creer en el sistema si ni siquiera la justicia se salva del reparto político?
Si realmente se quería reformar la justicia, se debió empezar por fortalecer su independencia. Lo que vimos fue todo lo contrario. Y el resultado no será una justicia más cercana al pueblo. Será una justicia subordinada, desdibujada y sometida.