La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de EU de un impuesto del 3.5 por cientto sobre las remesas enviadas por migrantes sin ciudadanía o residencia legal permanente ha encendido una alarma binacional. Este gravamen no es solo un golpe económico —más de 2 mil 200 millones de dólares anuales que dejarían de llegar a millones de familias mexicanas—, es un mensaje político que transforma al migrante de héroe económico en blanco fiscal.
Pero debemos partir de una verdad: las remesas no son un lujo, son sustento. En 2024, México recibió más de 65 mil millones de dólares por esta vía, equivalentes al 3 por ciento del PIB nacional. Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, principales receptores, no solo verán afectada su economía local, sino también su estabilidad social. Un impuesto de este tipo afecta el consumo, la educación, la salud y hasta la paz de comunidades enteras.
En México, el marco fiscal también requiere atención. Actualmente, las remesas están exentas de ISR si provienen de familiares directos (padres, hijos, cónyuge), pero si vienen de otros orígenes, o generan intereses en el sistema financiero, pueden ser gravadas. Además, aunque hasta cierto monto de ingresos no están obligados a declarar, se recomienda justificar origen y conservar comprobantes.
Esto deja una pregunta esencial: ¿estamos incentivando la transparencia o estamos empujando a millones hacia la informalidad?
La coyuntura exige una postura clara y articulada del sector empresarial mexicano, especialmente de las organizaciones que representan al comercio, las microempresas y los negocios familiares. La economía real no se sostiene en Wall Street, sino en remesas que compran tortillas, pagan colegiaturas y activan mercados locales.
El discurso empresarial ya no puede limitarse a cifras. Tiene que hablar también de justicia económica y de corresponsabilidad transnacional. Hoy, esa causa también incluye a quienes envían remesas desde el extranjero.
No se trata de confrontar por confrontar. Se trata de asumir liderazgo con propósito. Defender a quienes construyen puentes económicos entre naciones es, también, defender el futuro económico de México.
