Con la conclusión, el pasado 22 de mayo, de los conversatorios legislativos convocados por el Senado de la República sobre la iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entramos de lleno en un escenario posquirúrgico que abre múltiples interrogantes. Durante más de 20 horas de trabajo distribuidas en cinco sesiones, participaron 89 ponentes provenientes de diversos sectores, cuyas intervenciones quedaron registradas en un micrositio del Senado.
Sin embargo, en medio de este ejercicio plural, faltó una sesión específica sobre el diseño del nuevo órgano regulador, tema que fue abordado sólo de forma tangencial ante las preguntas de los senadores de oposición y del propio moderador, Senador Javier Corral Jurado, donde se discutió la importancia de contrapesos e independencia. Esta omisión cobra relevancia ahora que el país se aproxima a una cirugía mayor institucional, además de los tiempos de revisión del T-MEC que mandata tener un organismo regulador de telecomunicaciones (Artículo 18), que implica la creación sobre la marcha de un nuevo órgano regulador sectorizado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con algunas de las funciones que antes eran ejercidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Ahora que los insumos técnicos están sobre la mesa, el siguiente paso no es menor. Lo que se propone no es un simple ajuste normativo, sino una cirugía a corazón abierto del ecosistema regulador. Se trata de desmontar un órgano constitucional autónomo, crear desde cero uno nuevo con distinta naturaleza jurídica y mantener la estabilidad del sistema durante el proceso. Como en toda operación mayor, los riesgos no están solo en el bisturí, sino en lo que viene después con la recuperación.
Este rediseño se da, además, en una coyuntura particular, pues el próximo 1 de junio se llevarán a cabo las elecciones del Poder Judicial que incluye a los juzgados y tribunales especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Esta coincidencia entre la reforma regulatoria y jurisdiccional plantea una reconfiguración simultánea del sistema, cuyas decisiones marcarán el rumbo en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
La discusión sobre un nuevo regulador no puede partir del vacío. Es necesario revisar críticamente la trayectoria del IFT de su mismo documento de análisis sobre Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), del cual se desprendían ya sus principales áreas de oportunidad:
• El IFT no logró consolidar adecuadamente sus funciones sustantivas y administrativas, en parte por una planeación institucional insuficiente. Se carecía de objetivos claros por unidad, metas anuales vinculantes y sistemas efectivos de evaluación. Esta debilidad operativa afectó su capacidad para coordinarse internamente y rendir cuentas externamente.
• Aunque autónomo en lo constitucional, el IFT no estuvo exento de presiones externas y de la influencia de algunos agentes regulados en los ámbitos político, económico y mediático. La fragmentación de espacios construidos para escuchar a las micro, pequeñas y medianas empresas como el Comité de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones mermó su legitimidad ante diversos sectores.
Estas deficiencias no justifican su extinción, sobre todo pensando en el principal activo del IFT, que son sus recursos humanos especializados, pero sí exigen que el nuevo órgano no repita los mismos errores.
Diseñar un órgano desconcentrado sectorizado a la ATDT implica, además, definir funciones y construir una cultura institucional sólida acorde a los objetivos de transformación e infraestructura digital. No se puede esperar calidad regulatoria sin calidad organizacional, y esta última solo se logra con claridad de propósito, profesionalización y estructuras deliberativas.
Esto sin tomar en consideración los posibles impactos que vaya a tener la elección de nuevos titulares de los juzgados y tribunales especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
Estos cambios plantean retos jurídicos de ejecución de alta complejidad, derivado del cierre de los conversatorios, la inminente creación del nuevo regulador y la renovación del aparato jurisdiccional especializado en México, por lo que seguramente tras el escenario posquirúrgico se requerirá un espacio de recuperación tras la operación de riesgo en la transición institucional.
