Hoy concluyen las campañas judiciales, ha sido un proceso distinto y también lleno de muchas dificultades, las personas juzgadoras que nos encontramos en funciones hemos tenido que sortear varias vicisitudes. Por una parte, la cuestión de continuar en funciones, porque la justicia no puede detenerse, ya la sociedad sufrió el paro judicial el año pasado durante dos meses y no sería deseable que ocurriera lo mismo por otros dos meses que duran las campañas judiciales. Por otra parte, nos encontramos en una elección sin precedentes que no había ocurrido en la historia de nuestro país, no existe presupuesto para las candidaturas porque además no pertenecemos a ningún partido político, y también, son elecciones judiciales de cargos que en principio no deberían de postularse para una elección popular, puesto que la función de las personas juzgadoras es técnica y especializada, por eso es que se accedía al cargo a través de concursos judiciales, es decir, exámenes de oposición muy rigurosos.
El México de hoy exige algo diferente, la reforma judicial es una realidad y se encuentra vigente. Otro de los problemas al que nos hemos encontrado es el mensaje que ha permeado en la sociedad de no salir a votar, esto porque se piensa que hacerlo implica legitimar una reforma judicial que atenta contra la independencia judicial y el Estado de Derecho.
Una de las dificultades más importantes ha sido al periodismo desinformante, personalmente, he sido objeto de varias campañas de desinformación tanto a nivel local –contiendo en Aguascalientes–, como a nivel nacional.
En todas las notas periodisticas que me refieren, hay una constante, remiten a una nota antigua, a la “mañanera” de septiembre de 2023, en la cual el entonces subsecretario de Seguridad Pública Federal, señaló que he resuelto 23 asuntos, seis de los cuales dicté sentencias absolutorias, 13 de no vinculación a proceso y 4 libertades.
A lo largo de mi función como jueza de control y también como tribunal de enjuiciamiento, emití más de seis mil resoluciones, por lo que no es extraño ni ilegal que haya dictado los 13 autos de no vinculación a proceso, las 6 sentencias absolutorias y las 4 libertades que se dicen en esa nota periodística. No podemos pasar desapercibido que una persona juzgadora debe respetar la presunción de inocencia y valorar datos de prueba en audiencias preliminares, de tal manera que si se advierte ilegalidad en las detenciones o inexactitud en la teoría del caso de las fiscalías, lo correcto es resolver en ese sentido, y tratándose de sentencias definitivas solo se pueden dictar sentencia condenatoria más allá de toda duda razonable.
Desinformar abona a un clima de polarización y al mensaje de no votar que ha permeado en la sociedad, lo que resulta en una amenaza para el frágil sistema democrático que el día de hoy existe en nuestro país. La ciudadanía debe saber que las decisiones de las personas juzgadoras no se emiten para agradar al oficialismo, a la sociedad ni al periodismo, se emiten, con la convicción jurídica que generan las partes y las pruebas o datos de prueba que refieren, libres de presiones externas. Resolver de otra manera, es decir, con el visto bueno del gobierno, de la sociedad o del periodismo, es corrupción.
Por último, debo decir, que me llena de orgullo que en virtud de los ataques mediáticos, la ciudadanía se entere que no formo parte del oficialismo y que no me apoya ninguna estructura política ni gubernamental, mucho menos del crimen, porque ello garantiza a la ciudadanía que soy una juzgadora independiente y que mi templanza soporta las presiones externas.
La autora es Magistrada de circuito con 27 años de carrera judicial, 9 años como juzgadora, ratificada por el Consejo de la Judicatura Federal. Doctora en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Guanajuato y doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma de Aguascalientes; 4 maestrías realizadas en las universidades Autónoma de Aguascalientes, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y en las universidades internacionales de Génova, Italia y Alicante, España. Autora del libro “Justicia con perspectiva de género para mujeres criminalizadas” editado en 2023 por la Escuela Federal de Formación Judicial.