La Reforma Constitucional en Materia de Simplificación Orgánica publicada el 20 de diciembre de 2024 extinguió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sin resolver el acertijo sobre el modelo de un nuevo órgano regulador.
En ese contexto, el 23 de abril de 2025 se presentó por la presidenta Claudia Sheinbaum una iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que proponía absorber todas las atribuciones del IFT por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), a excepción de aquellas de competencia económica.
Más tarde, la presidenta de la República llamó a hacer un alto en el camino y revisar el proyecto de ley que ya había sido dictaminado, por lo que el Senado de la República convocó a los llamados “conversatorios”, que se llevan a cabo del 8 al 22 de mayo, bajo 5 temáticas que no incluyen el diseño del órgano regulador.
A mitad de camino, en la “Mañanera del Pueblo” del 14 de mayo, el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, anunció que se modificaría la iniciativa para, entre otros temas, crear un órgano desconcentrado con decisiones colegiadas, independencia técnica y compuesto por 5 personas consejeras propuestas por la persona titular del Ejecutivo y ratificadas por el Senado.
Lo primero que se viene a la mente es un cambio de naturaleza jurídica y un alivio a las preocupaciones generadas por la concentración de facultades en una sola persona, a pesar de que esa figura legal sigue siendo parte de la Administración Pública Federal.
Si bien es cierto que es importante una reflexión técnica de cómo va a ser ese nuevo “órgano desconcentrado” (que bien valdría la pena analizar un tiempo extra para los conversatorios), también lo es que ante los tiempos acelerados por la extinción del IFT se debe reflexionar cuando menos que el órgano regulador, independientemente de su diseño institucional, no sea un “órgano desconectado” derivado de la experiencia de sus antecesores, y me explico a continuación.
La historia administrativa reciente del sector sugiere que, independientemente del diseño legal, se puede aplicar la ley más peligrosa para cualquier organización, que es la Ley de Dilbert: aquella que advierte que las instituciones, si no están correctamente diseñadas y operadas, tenderán a premiar la ineficiencia y el burocratismo. Por ello, cualquier rediseño debe enfrentarse con una buena reingeniería de procesos y criterios de mejora institucional.
Lo relevante aquí a tener en cuenta y desarrollar con mucho cuidado es que, en ausencia de una cultura organizacional robusta, profesionalización técnica y procedimientos institucionales estables, el nuevo órgano podría reproducir las disfuncionalidades que predice la Ley de Dilbert: crecimiento burocrático sin orientación a resultados.
Aquí es donde se deben analizar las fortalezas del nuevo diseño del órgano regulador, pues la ATDT puede aportar la experiencia reciente proveniente de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y que se documentó en el libro Transformación Digital. El modelo de la Ciudad de México, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el cual se apostó por una innovación pública centrada en habilitar derechos mediante el uso estratégico de la tecnología y el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia.
Esta trayectoria permite plantear un beneficio de la duda razonado: si esa visión se traslada al nuevo órgano regulador, podría sentar las bases para una institucionalidad moderna, orientada por datos, comprometida con la ciudadanía, incorporando a los recursos humanos del IFT, corrigiendo las inercias heredadas y que predice la Ley de Dilbert. El reto, entonces, no es solo legal o administrativo, sino profundamente organizacional y ético.
Si el Congreso desea fortalecer el nuevo diseño institucional, debe incorporar salvaguardas que no dependan únicamente de la buena voluntad del Ejecutivo, sino de normas claras, procedimientos públicos, contraloría fuerte y estructuras que resistan las presiones coyunturales.
El acertijo sobre el nuevo órgano regulador no solamente se resuelve con la definición de un órgano “desconcentrado”, sino de manera más importante con evitar que esté “desconectado” de sus funciones. El diseño institucional debe ser funcional, transparente y eficaz porque, en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, una mala arquitectura no solo afecta al regulador: afecta al desarrollo del país.
Rolando Guevara Martínez, coordinador del Comité de Telecomunicaciones de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.
Las opiniones que se expresan en esta columna son a título personal.
