El sector obrero-patronal es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social de México. La relación que existe entre trabajadores y empleadores es la base del crecimiento productivo, y también refleja los valores de justicia, respeto y cooperación que fortalecen a nuestra sociedad.
El progreso y la prosperidad de nuestra nación están marcados, sin duda alguna, por sus trabajadoras y trabajadores que, con su esfuerzo diario, hacen posible el funcionamiento de las industrias, los servicios y las instituciones que mueven al país. De la misma forma, el papel de los empleadores es fundamental, pues son ellos quienes generan las condiciones, inversiones y oportunidades necesarias para que ese trabajo rinda frutos y genere bienestar colectivo.
La importancia de este sector, además del tema económico, trasciende a la educación, la salud, el acceso a la justicia, entre otros ámbitos. En este sentido, nuestra Constitución federal reconoce el derecho humano al trabajo, pues dispone que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. A su vez, establece parámetros clave para su tutela, tales como la duración máxima de la jornada laboral, los días de descanso obligatorios, las disposiciones relativas al salario y las medidas tendientes a la consagración de una igualdad sustantiva en el ámbito laboral.
En este contexto, es trascendental reconocer como prioridad la importancia de la fuerza laboral en el desarrollo nacional. Se debe garantizar con ello el respeto de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, privilegiando su calidad de vida, dignidad, equidad de género, acceso a una vivienda adecuada, recuperación del poder adquisitivo, un medio ambiente sano, entre otros aspectos.
En consecuencia, es oportuno impulsar un desarrollo con justicia, en donde el bienestar de los 61.1 millones de mexicanos económicamente activos1 esté en el centro de la economía. En esta vertiente, la colaboración entre trabajadoras y trabajadores, empleadores y gobierno es fundamental, a fin de establecer un mecanismo en el que puedan obtener beneficios tanto los empresarios, por sus inversiones, como los trabajadores, mediante prestaciones justas. Particularmente, debe garantizarse el derecho a un salario digno que permita a las familias mexicanas cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Al mismo tiempo, se fortalecerá la economía nacional mediante la promoción de una política industrial integral que disminuya nuestra dependencia del exterior e incentive la inversión nacional y extranjera responsable, lo cual permitirá prestar servicios públicos de calidad a toda la población.
Por ello, es necesario que todos los poderes públicos trabajen por y para las y los trabajadores, por la fuerza que mueve a este país. Se debe procurar su bienestar y el de sus familias a través de políticas públicas que incentiven la inversión responsable, el establecimiento de normas que consagren sus derechos y una judicatura comprometida con su protección. No debe perderse de vista que es al Poder Judicial al que le corresponde garantizar los derechos humanos en nuestro país, así como resolver los conflictos que surjan entre las personas y entre estas y el gobierno, mediante la estricta aplicación e interpretación del marco jurídico aplicable.
Es así que, desde el Tribunal de Disciplina Judicial, se dirigirán esfuerzos para que las personas juzgadoras actúen con estricto apego al marco jurídico. Las trabajadoras y los trabajadores tendrán un aliado en el Poder Judicial, pues el Tribunal de Disciplina garantizará el respeto a sus derechos humanos.
Este 1 de mayo, en el que se conmemora el Día del Trabajo, es una oportunidad idónea para reflexionar sobre el hecho de que los derechos laborales han sido históricamente producto de la lucha social de las y los trabajadores. Por ello, es necesario continuar dirigiendo esfuerzos para consagrar condiciones de trabajo cada vez más justas y acordes con su realidad y la de sus familias, ya que no debemos perder de vista que es precisamente por el bienestar de nuestras familias que millones de personas, día a día, nos levantamos a desarrollar nuestras actividades laborales.
1 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Indicadores de Ocupación y Empleo, INEGI, fecha de publicación 28 de abril de 2025.
* Candidata al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con estudios de Maestría en la Universidad de Southwestern Law School en Los Ángeles, California, y en la Universidad Nacional Autónoma de México; se ha especializado en temas de Justicia Alternativa, Derecho Constitucional, Administrativo y Fiscal.