La Secretaría de Hacienda dio a conocer los Precriterios generales de política económica para 2026, reafirmando su compromiso con una agenda de consolidación fiscal que se había trazado en el presupuesto para este año. La estrategia es ambiciosa: reducir los Requerimientos de Financiamiento del Sector Público (RFSP) –que miden el déficit público de forma integral–, pasando de un 5.9 por ciento del PIB en 2024 a 2.9 por ciento para 2027. En este camino se proyecta que el déficit se mantenga en torno a 3.9-4.0 por ciento del PIB en 2025 y 3.2-3.5 por ciento en 2026. Aunque estos rangos se presentan en medio de un contexto de considerable incertidumbre, la intención del gobierno es clara: seguir con la consolidación fiscal sin ceder ante presiones coyunturales.
Ante este escenario, vale la pena preguntarse, ¿qué tan realista es esta apuesta en el contexto económico actual? Los Precriterios para 2026 presentan actualizaciones en el marco macroeconómico que resultan clave para entender el reto al que se enfrenta el país. Una de las medidas más destacadas es la revisión de las proyecciones de crecimiento del PIB. Hacienda optó por la cautela y, en lugar de mantener las previsiones anteriores, ha ajustado la proyección de crecimiento para 2025 del 2.3 por ciento al 1.9 por ciento –situándose en el punto medio de un rango de 1.5-2.3 por ciento. Para 2026, se asume un crecimiento del 2.0 por ciento, dentro de un rango de 1.5-2.5 por ciento. Aunque estas cifras son mejores que la expectativa del mercado (que, según Bloomberg, ronda el 0.5 por ciento para 2025 y 1.4 por ciento para 2026), representan una visión más prudente que intenta evitar el exceso de optimismo en un entorno global incierto.
¿Dónde está el gambito? En el tratamiento de los precios del petróleo. Hacienda mostró moderación al ajustar sus supuestos, incrementando la estimación para 2025 de 57.8 a 62.4 dólares por barril, cifra que sigue estando por debajo de los niveles que sugieren los contratos de futuros (alrededor de 67 dólares por barril). Para 2026, se establece un precio de 55.3 dólares por barril, comparado con los 63 dólares sugeridos por el mercado. Según las elasticidades estimadas, esta política prudente en materia petrolera se traduce en menores ingresos por 60.3 mil millones de pesos, lo que, en términos prácticos, equivaldría a usar un supuesto de 0.7 por ciento anual para el crecimiento del PIB, en línea con los analistas.
Además, en el ámbito cambiario también se ajustaron las expectativas. Para 2025, la proyección del tipo de cambio se ha actualizado de 18.5 a 20.0 pesos por dólar, mientras que para 2026 se estima en 19.7. Este ajuste tiene efectos contrapuestos: por un lado, una moneda más débil mejora el déficit (al elevar los ingresos en pesos de los ingresos por la venta de petróleo por encima del gasto adicional, vía el costo financiero de la deuda en dólares) y, por otro, empeora la deuda como porcentaje del PIB.
A pesar de estos ajustes en el marco macroeconómico, Hacienda decidió mantener sin cambios las metas de RFSP. Igualmente, el balance primario –un indicador crucial para la trayectoria de la deuda–, se ha fijado en 0.6 por ciento del PIB para 2025 y 0.5 por ciento para 2026. Como resultado, el saldo histórico de los RFSP, la deuda pública, se proyecta que aumente ligeramente, alcanzando el 52.3 por ciento del PIB tanto en 2025 como en 2026, frente al 51.4 por ciento de la estimación presentada en septiembre.
La confirmación de estas metas es un intento del gobierno por enviar un mensaje de disciplina fiscal. Sin embargo, la consolidación se ve amenazada por la desaceleración económica. Con una expectativa de crecimiento real de los ingresos tributarios del 2.9 por ciento y una reducción en el gasto programable de 1.0 por ciento real, el gobierno se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar la disciplina fiscal sin sacrificar áreas clave como la educación, la infraestructura, la energía y la agricultura, entre otras.
Mirando hacia el futuro, los Precriterios destacan varios factores críticos que requerirán atención. Entre ellos, la incertidumbre en torno a la política comercial y los vaivenes del entorno global ocupan un lugar preponderante. En un mundo cada vez más interconectado y volátil, la capacidad de México para mantener fundamentos macroeconómicos sólidos será esencial para capear las tormentas internacionales.
Otro pilar de la estrategia es la modernización del sector energético y la expansión de la infraestructura logística. Estas inversiones, que requieren recursos privados, son vitales para aumentar la competitividad del país. La situación de Pemex sigue siendo un tema de gran relevancia, ya que, a pesar de que los datos recientes reflejan persistentes desafíos, el aumento en el gasto de capital podría ayudar a estabilizar la producción de petróleo. Sin embargo, los problemas derivados de las tensiones comerciales podrían obligar al gobierno a recurrir a un espacio fiscal cada vez más reducido, complicando aún más los esfuerzos de consolidación.
La apuesta por una modernización de sectores clave y por medidas innovadoras en materia de recaudación –como el uso de la tecnología para combatir la evasión–, se presentan como herramientas fundamentales en este esfuerzo. No obstante, el éxito de esta maniobra dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para gestionar la desaceleración económica y la incertidumbre (local e internacional) sin sacrificar áreas estratégicas del gasto público.
