A principios de la semana que viene, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará la versión preliminar de los Criterios Generales de Política Económica para 2026, conocidos como Precriterios. Este documento delineará la hoja de ruta fiscal y macroeconómica de la nueva administración para el próximo año y será clave para orientar las expectativas sobre el desempeño económico del país en el corto y mediano plazo.
Los Precriterios no son un simple informe; representan la primera manifestación oficial de la administración federal en materia fiscal y macroeconómica para 2026. Tradicionalmente, este documento actualiza las estimaciones para el ejercicio en curso –en este caso, 2025– y ofrece una visión preliminar de la estrategia para el siguiente año. Esto implica no solo un ajuste en las proyecciones, sino también una oportunidad para reestructurar la conducción fiscal y reafirmar la credibilidad en el manejo de las finanzas públicas.
Uno de los aspectos clave a seguir es la revisión de los supuestos macroeconómicos que sustentan las estimaciones fiscales. En este sentido, la proyección de crecimiento económico ocupa un lugar central. La SHCP ha usado un crecimiento del 2.3 por ciento para sus cifras de 2025, cifra que contrasta de manera significativa con las previsiones de Banxico y el consenso de analistas, que ubican el crecimiento en torno al 0.6 por ciento. Este desfase sugiere que, en cuanto se disponga de datos más actualizados y se considere el entorno internacional, será necesaria una revisión a la baja de la proyección. La diferencia entre estas cifras genera inquietud acerca de la solidez de los fundamentos económicos y la capacidad del país para sostener las metas planteadas.
Otro punto a evaluar es la actualización de las proyecciones del tipo de cambio. Los supuestos actuales parecen desfasados y no reflejan adecuadamente la volatilidad global ni las tensiones derivadas de la retórica comercial de Trump, quien ya impuso aranceles al acero, aluminio y autos –con algunas excepciones dentro del marco del T-MEC–. La incertidumbre en el entorno internacional, sumada a factores internos, hace previsible que las previsiones en materia cambiaria se ajusten para reflejar un escenario más complejo y menos predecible.
El documento también podría arrojar luz sobre la situación del remanente de operación del Banco de México. El banco central acumuló ganancias por la depreciación del tipo de cambio durante 2024, lo que, en teoría, podría proporcionar recursos adicionales. Sin embargo, estos recursos primero deben destinarse a cubrir pérdidas acumuladas y a fortalecer las reservas de capital, lo que condiciona su disponibilidad para otros fines.
En cuanto a la consolidación fiscal, los Precriterios adquieren una relevancia especial este año. Con una meta de déficit para 2025 del 3.8 por ciento del PIB (RFSP), se vislumbra un ajuste que, aunque moderado en comparación con lo planteado inicialmente, podría tener repercusiones directas en la confianza de los inversionistas y en la calificación crediticia del país. En esta balanza entran factores como el apoyo a Pemex, la evolución de la deuda y el crecimiento económico. En un contexto en el que cada punto porcentual cuenta, estos detalles resultan cruciales para comprender la magnitud del desafío fiscal que enfrenta el gobierno.
Otro elemento a destacar es la posibilidad de que el documento incluya indicios de una potencial reforma fiscal. Las decisiones recientes en la gestión de ingresos de la SHCP subrayan la importancia que este tema ha retomado entre las autoridades. Es fundamental comprender que, aunque estos ajustes puedan generar incertidumbre a corto plazo, representan pasos necesarios para modernizar la política fiscal y adaptarla a los nuevos desafíos del país.
Aunque los Precriterios están orientados hacia el 2026, su verdadero impacto radica en la reestructuración de las expectativas para 2025. En un escenario de alta incertidumbre política y volatilidad global, reafirmar la credibilidad en la planificación fiscal se vuelve imprescindible. Los mercados, los inversionistas y la ciudadanía requieren contar con una visión coherente y realista de la situación económica del país para poder tomar decisiones informadas.
La transparencia en la política fiscal y la claridad en las proyecciones no solo fomentan la confianza, sino que también permiten un debate informado sobre las prioridades del gobierno y las estrategias para enfrentar los desafíos económicos. A medida que se dispongan de nuevos datos y se ajusten las estimaciones, será esencial evaluar de forma constante la eficacia de la política fiscal en estos tiempos de gran incertidumbre.