María Fernanda Buergo Gómez
Abogada especializada en materia penal
Buergo Gómez Abogados, S.C.
En México, hemos avanzado en la creación de leyes que buscan proteger a las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia. Contamos con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Olimpia y la Ley Ingrid. Pero si en la práctica los casos no llegan a sentencia, algo está fallando. Por ejemplo, según datos de México Evalúa, el 96.4% de las violaciones denunciadas en el país quedan impunes.
Las mujeres que denuncian violencia no son escuchadas. La falta de sensibilidad y capacitación de las autoridades encargadas de recibir, investigar y sancionar estos delitos ha generado un vacío de justicia. La violencia sigue cobrando víctimas porque las leyes, aunque necesarias, no bastan si no hay voluntad y preparación para aplicarlas correctamente. En 2024, al menos 807 mujeres fueron asesinadas en razón de género.
Las fiscalías especializadas, en teoría creadas para apoyar a las víctimas, muchas veces terminan por revictimizarlas. Desalientan a las mujeres para que no continúen con las denuncias. “Si no te dejó marcas, no es violencia física”, les dicen. “¿Para qué denunciar si no pasó a mayores?”, cuestionan.
En el caso de la violencia psicológica, la incredulidad es aún mayor. No se comprende el daño que puede causar, se minimiza y, en consecuencia, los agresores continúan ejerciendo control sobre sus víctimas sin recibir sanción alguna.
El tema no es menor, ya que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la mitad de la población femenina de 15 años o más en México ha experimentado violencia psicológica.
Mientras los asuntos no lleguen a sentencia, la violencia no parará. Es común ver a mujeres que después de salir de relaciones abusivas siguen sufriendo agresiones psicológicas, económicas y emocionales, especialmente cuando hay hijos de por medio.
En estos casos, la separación no es suficiente para poner fin al maltrato si el sistema judicial permite que los agresores continúen ejerciendo poder sobre sus víctimas a través de la burocracia, el incumplimiento de obligaciones y la revictimización institucional. ¿De qué sirven las leyes si no se aplican con rigor?
Las reformas que han tenido un impacto real, como la Ley Olimpia y la Ley Ingrid, son resultado de la presión social y del esfuerzo de mujeres que han alzado la voz para exigir cambios. Pero aún queda un largo camino por recorrer.
El problema no es la falta de normas, sino la falta de compromiso para hacerlas efectivas. Necesitamos autoridades capacitadas, sensibles y comprometidas con la justicia de género. No podemos seguir permitiendo que la impunidad sea la respuesta sistemática ante la violencia contra las mujeres.
En el Día Internacional de la Mujer, es momento de reconocer que el problema no se resuelve solo con más leyes. Necesitamos que las existentes se implementen con eficacia, que las denuncias sean atendidas con seriedad y que los agresores enfrenten consecuencias reales. La justicia no puede seguir siendo sólo un discurso. Es hora de exigir resultados.