La semana pasada tuve la oportunidad de conversar con administradores de portafolios extranjeros que toman decisiones de inversión en mercados emergentes, particularmente en bonos emitidos por el Gobierno Federal para financiar su déficit. Estas conversaciones suelen ser retadoras por la variedad de temas que se abordan y la precisión de las preguntas sobre la dinámica macroeconómica del país. En esta ocasión, me llamó la atención el énfasis en el crecimiento económico y sus implicaciones para las políticas fiscal y monetaria.
El crecimiento económico es clave para el bienestar, ya que determina la disponibilidad de recursos para los hogares, la capacidad de las empresas para generar empleo y los ajustes que deben hacer las autoridades para evitar presiones inflacionarias o un endeudamiento mayor al previsto. Actualmente, la discusión sobre el crecimiento tiene dos dimensiones: una cíclica, centrada en factores transitorios, y otra estructural, relacionada con el crecimiento potencial del país en el mediano plazo.
En este espacio he analizado la regularidad con la que el ciclo económico mexicano se desacelera ante un cambio de gobierno. La reasignación del gasto público suele generar un desfase en su ejecución, lo que tiene efectos contables sobre el PIB. Además, la incertidumbre que provocan estos cambios afecta las decisiones de inversión y consumo de empresas y hogares. Como resultado, el cambio de administración tiende a estar acompañado de una desaceleración en los distintos componentes de la demanda del PIB, lo que hace relevante evaluar este patrón.
A este factor cíclico se suman elementos adicionales que han deteriorado las perspectivas de crecimiento. En enero de 2024, la mediana de economistas encuestados por Citi proyectaba un crecimiento de 2.0 por ciento para 2025, pero en la encuesta más reciente de febrero la expectativa se redujo a 0.9 por ciento. Por su parte, el Banco de México, en su último informe trimestral de inflación, ajustó su previsión a la baja hasta 0.6 por ciento anual, lo que sugiere que más analistas podrían seguir esa dirección. Entre los factores que han afectado estas estimaciones destacan la incertidumbre sobre la posible imposición de aranceles, el proceso de consolidación fiscal y la caída en la inversión, especialmente en el sector de la construcción.
Sin embargo, a pesar de esta desaceleración, el consumo privado sigue siendo el principal sostén de la actividad económica en el inicio del año. Su dinamismo se debe principalmente a tres factores, en este orden: los salarios, las transferencias en efectivo del gobierno (especialmente para los hogares de menores ingresos) y las remesas. La continuidad de las políticas laboral y social respecto a la administración anterior sugiere que el impacto en el consumo podría ser menor en esta ocasión. No obstante, el crecimiento del déficit fiscal y la caída acumulada en la productividad laboral durante el sexenio previo generan dudas sobre la sostenibilidad de estas fuentes de ingreso para los hogares en el mediano y largo plazo.
En el corto plazo, tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda deberán coordinar esfuerzos para reducir la percepción de riesgo sobre el cumplimiento del programa de consolidación fiscal y contener las presiones inflacionarias, que aún persisten en los precios de servicios y comienzan a reflejarse en mercancías, especialmente en alimentos. No obstante, estas medidas solo inciden en el comportamiento cíclico de la economía.
A nivel estructural, el país aún tiene pendientes en distintas áreas. El sector energético es crucial en este sentido, por lo que la legislación secundaria deberá preservar los espacios de colaboración entre el sector público y el privado. Otras iniciativas, como el Plan México, que apuntan en la dirección correcta, deberán generar mayor certeza sobre su ejecución y cumplimiento.
Para una economía abierta como la mexicana, que ha obtenido enormes beneficios de su integración global, resulta preocupante el rechazo a la globalización y al libre comercio que se observa a nivel internacional. Esto se suma a las presiones estructurales de la economía. Frente a este panorama, y con los elementos disponibles, cabe preguntarse: ¿hay razones para pensar que esta vez el ciclo será diferente?
