La semana pasada se publicó el informe trimestral de finanzas públicas correspondiente al cuarto trimestre de 2024, presentando las cifras fiscales más relevantes a nivel federal. Este análisis permite dimensionar el esfuerzo de consolidación fiscal que deberá emprender la nueva administración desde este mismo año, así como los límites que enfrentan las finanzas públicas tanto en ingresos como en gastos.
El balance tradicional –es decir, la diferencia entre ingresos y gastos del sector público federal– cerró 2024 con un déficit récord de 1.66 billones de pesos, equivalente al 4.9 por ciento del PIB, un nivel no visto desde finales de los años 80. Esta cifra es consistente con un déficit de 5.7 por ciento del PIB en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del balance fiscal federal al considerar otros elementos que no forman parte del flujo de ingresos y gastos de las entidades.
Para entender la magnitud de este resultado, se pueden considerar tres enfoques: 1) comparar el déficit con las metas establecidas por la Secretaría de Hacienda al inicio del año, 2) analizar el desempeño de ingresos y gastos que contribuyeron a esta cifra y 3) evaluar su evolución a lo largo del sexenio. Estas comparaciones ayudan a contextualizar el crecimiento de la deuda pública en los últimos seis años.
En términos de cumplimiento de objetivos, Hacienda estableció una meta de déficit del balance tradicional de 4.9 por ciento del PIB para 2024, la cual se cumplió. En el caso de los RFSP, el objetivo era de 5.4 por ciento, pero finalmente cerraron en 5.7 por ciento. Dado que la meta del balance tradicional se respetó, el incremento en los RFSP por encima de lo previsto se debe a factores no presupuestarios sobre los cuales el gobierno tiene poco margen de maniobra en el corto plazo.
En cuanto a la evolución de ingresos y gastos, ambos mostraron presiones al alza. Los ingresos federales superaron la meta inicial de 21.3 por ciento del PIB, cerrando en 22.1 por ciento, un incremento de 0.8 puntos porcentuales. Sin embargo, el gasto también creció, alcanzando el 27 por ciento del PIB, igualmente 0.8 puntos por encima del objetivo original de 26.2 por ciento. Este equilibrio entre mayores ingresos y gastos permitió que el balance tradicional se mantuviera dentro de lo programado.
Más allá del desempeño en 2024, los datos reflejan la creciente presión fiscal que se acumuló en el sexenio anterior. Los RFSP pasaron de 2.1 por ciento del PIB en 2018 a 3.7 por ciento en 2024, un incremento de 1.6 puntos que requerirá un ajuste fiscal considerable por parte de la nueva administración. El balance primario se deterioró de manera significativa: en 2018 había un superávit de 0.6 por ciento del PIB, mientras que en 2024 cerró con un déficit de 1.5 por ciento. Este cambio no solo presiona las finanzas públicas, sino que también ha impulsado el crecimiento de la deuda pública, que aumentó en 7.8 puntos del PIB, pasando de 43.6 por ciento en 2018 a 51.4 por ciento en 2024.
Las cifras evidencian el limitado margen de maniobra del gobierno para avanzar en la consolidación fiscal. Reducir el déficit exclusivamente a través de recortes al gasto no parece viable; será necesario un esfuerzo significativo en el lado de los ingresos. Entre 2018 y 2024, el gasto público creció 3.9 puntos del PIB, pero si se excluyen pensiones, inversión financiera, intereses de la deuda y participaciones a estados, el incremento fue de solo 1.7 puntos.
Por otro lado, la recaudación tributaria aumentó en 1.9 puntos del PIB en el mismo periodo, pasando de 12.7 por ciento en 2018 a 14.6 por ciento en 2024, gracias a una mayor captación de ISR, IVA e IEPS. Sin embargo, este crecimiento fue insuficiente para compensar el incremento del gasto. Esto subraya la urgencia de discutir una reforma fiscal, una conversación que se evitó en el sexenio anterior, pero que será clave para enfrentar las actuales presiones fiscales. De no abordarse, el costo de financiamiento del gobierno federal y sus empresas seguirá en ascenso, limitando cada vez más el margen de adjudicación del gasto en infraestructura y política social si se desea mantener el compromiso de finanzas públicas sanas.
