El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 refleja las prioridades y retos de un sistema de salud que aspira a la universalidad. Con un aumento nominal del 8.7 por ciento en el presupuesto total del sector salud (3.8 por ciento en términos reales, descontando la inflación), la propuesta busca fortalecer la atención médica en el IMSS Bienestar y otros subsistemas. Sin embargo, un análisis detallado revela contradicciones que podrían frenar el avance hacia un sistema integrado y equitativo.
Contrastes en instituciones
El IMSS y el ISSSTE, pilares de la seguridad social en México, reciben incrementos reales moderados de 4.2 por ciento y 5.4 por ciento, respectivamente. Estos ajustes permiten mantener los servicios actuales, pero difícilmente responderán a la creciente demanda de la población asegurada. En un contexto de inflación y una mayor carga de enfermedades crónicas, el riesgo de saturación persiste.
El IMSS Bienestar, con un aumento real de 22.8 por ciento, se posiciona como el eje del sistema universal. Este incremento sustancial en su presupuesto operativo, especialmente en servicios personales (como la contratación de personal), busca consolidar su capacidad para atender a los 23 estados que ya han transferido sus sistemas de salud. Sin embargo, la expansión del IMSS Bienestar pone en evidencia un desequilibrio: la atención a la persona avanza, pero las acciones de salud comunitaria, esenciales para la prevención, quedan severamente afectadas.
Secretaría de Salud: un gigante debilitado
La Secretaría de Salud, históricamente responsable de la rectoría y la promoción de políticas nacionales, enfrenta una reducción real del 34.3 por ciento. Esto afecta su capacidad para coordinar un sistema cada vez más fragmentado. Dentro de sus áreas clave, las dos subsecretarías enfrentan recortes que dificultan su operación y ponen en riesgo los objetivos del programa de salud de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, con una disminución real del 9.6 por ciento, enfrentaría serias limitaciones, considerando que la prevención es clave para reducir la carga de enfermedades crónicas.
Respecto a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, la reducción real del 17.5 por ciento evidencia la falta de prioridad en la integración efectiva del sistema de salud. La ‘salida’ del subsecretario Eduardo Clark de “poner a trabajar al máximo al personal (de salud)” parece desconocer la saturación laboral que enfrenta este sector.
El dilema de la prevención y rectoría
La transferencia de servicios al IMSS Bienestar dejó a las secretarías estatales con responsabilidades residuales en salud comunitaria y rectoría. Sin embargo, estas áreas enfrentan reducciones alarmantes.
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) tuvo recortes significativos, sobre todo en la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, con una reducción real del 43.4 por ciento. Esto limita la capacidad para realizar campañas masivas de prevención y promoción de la salud que, de acuerdo con el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, corresponden a las secretarías estatales junto con la rectoría del sistema. Esta última, con una disminución del 40 por ciento, ve comprometida la supervisión de los servicios del IMSS Bienestar y la regulación del sistema en su conjunto.
Gratuidad en los institutos nacionales de salud
Aunque se enfatiza la gratuidad como eje del sistema universal, los recortes a los institutos nacionales de alta especialidad (reducciones reales entre 11 por ciento y 15.6 por ciento) ponen en entredicho esta promesa, especialmente para enfermedades complejas. Ni siquiera el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, dirigido en su momento por el Dr. Kershenobich, actual secretario de Salud, escapó al recorte presupuestal.
El PPEF 2025 es un espejo de las contradicciones del sistema de salud en México. Por un lado busca expandir la cobertura mediante el IMSS Bienestar; por otro, debilita áreas fundamentales como la rectoría, la prevención, la participación comunitaria y la alta especialidad.
Lograr un sistema universal requiere más asignaciones presupuestarias y exige una estrategia integral que priorice la atención curativa, la prevención y la gobernanza. La salud, en su sentido más amplio, no puede reducirse a cifras.
El reto de esta administración no es menor: transformar un modelo desigual en uno verdaderamente universal. Para lograrlo, primero debe reconocer y corregir los desbalances que hoy desdibujan esa aspiración.
