Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su paquete de 20 reformas constitucionales para ser discutidas en el último año de su mandato.
El que el Ejecutivo dé a conocer estas iniciativas a unos meses de las elecciones de junio próximo de inmediato hace pensar en el matiz electoral que puede tener la discusión que se desarrolle en los próximos días y semanas, cuando las reformas comiencen a discutirse en San Lázaro y todos los partidos políticos tengan que dar su posicionamiento.
Sin embargo, la estrategia del mandatario va en varios sentidos y no únicamente en el electoral.
Las reformas del presidente son, por así decirlo, el testamento político, las tareas que le deja a su sucesora, en caso de que sea de su partido, para continuar con la consolidación de su proyecto de nación, al cual llama la Cuarta Transformación.
El Ejecutivo deja ver la confianza que tiene en la elección y de paso compromete a Claudia Sheinbaum, quien hasta ahora lleva la delantera en encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales, a elaborar un eventual programa de gobierno en el que se privilegien estas reformas.
AMLO es consciente de que las reformas constitucionales que propone no pasarán en un Congreso dividido, en el cual necesita las dos terceras partes, es decir, alrededor de 61 votos de la oposición en San Lázaro para que sus iniciativas sean avaladas.
La intención no es solamente presionar posicionamientos por parte de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, sino también reflejar la impronta social de su gobierno. Por lo pronto, Claudia Sheinbaum de inmediato asumió el compromiso de hablar sobre la importancia de esas reformas en su campaña que arrancará el próximo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.
Y es que las iniciativas también trazan una visión integral del país, planteando temas de relevancia que abarcan varios ámbitos de la vida pública y de las tareas pendientes, desde seguridad y salud hasta justicia y democracia.
Dentro de las reformas planteadas por el Ejecutivo también hay que reconocer que algunas buscan reducir la brecha de desigualdad en el país, fortaleciendo esquemas sociales, como el incremento a las pensiones y el salario mínimo por encima de la inflación.
En contraste, otras tienen una orientación mucho más política y buscan la concentración del poder en el Ejecutivo.
Al final, el presidente está lanzando una estrategia para su partido y también para la oposición.
La disputa en las elecciones de este año será por dos proyectos de nación y por la búsqueda del control en el Congreso de la Unión, es la lucha por llevar a cabo o frenar el Plan C del presidente, que será su testamento político que definirá el destino de nuestro país en los siguientes años.
Las elecciones, a fin de cuentas, son la oportunidad para cambiar o dar continuidad a un proyecto.
Por lo pronto, la vista del Ejecutivo no está solamente en la sucesión presidencial, sino en alcanzar la mayoría relativa en el Congreso para impulsar los cambios que quedaron pendientes.
En países con características como el nuestro en cuanto a nivel educativo, cultural, de distribución del ingreso e inmadurez política, la democracia también tiene sus costos y facturas que eventualmente se tienen que pagar.
SOTTO VOCE
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