Óscar Mario Beteta
Como si faltara algo al ya de por sí inédito escenario de las campañas rumbo a 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —la máxima instancia judicial encargada de validar las elecciones— atraviesa por una crisis política a solo seis meses de los comicios más grandes en la historia reciente de México.
Una fotografía en un desayuno de los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y la magistrada Mónica Soto, mientras el presidente Reyes Rodríguez Mondragón rendía su informe fue el primer indicio de la más reciente asonada en el Tribunal.
Después del desaire vinieron acusaciones sobre anomalías presuntamente cometidas por Rodríguez Mondragón, como contrataciones injustificadas, señalamientos de extorsión y la operación de un despacho privado de abogados en el órgano colegiado, hasta que se pidió su salida argumentando que había dudas y desconfianza sobre su liderazgo.
La renuncia anticipada para el próximo 31 de diciembre del todavía magistrado presidente de ese organismo, lejos de resolver la crisis, la profundiza y deja ver lo que está en juego, que es nada más y nada menos la resolución de los comicios en caso de que lleguen a judicializarse.
Es más que evidente que al interior del Tribunal hay un desacuerdo y una inestabilidad que, sin embargo, no es nueva. Desde 2019 la presidencia en turno no ha terminado sus respectivos periodos. Reyes Rodríguez Mondragón se une así a sus predecesores Janine Otálora y a José Luis Vargas.
Ahora corresponde solamente a cinco miembros de la Sala Superior elegir a quien ocupe la presidencia del TEPJF, donde se perfila que Mónica Soto, afín a Morena, asuma el cargo.
Esta crisis interna no es más que un reflejo de las fuerzas tanto al interior como al exterior del Tribunal que en el fondo buscan influir en los nombramientos en la máxima autoridad judicial electoral, ya que la presidencia no es el único cargo que debe definirse. Aún están pendientes en el Senado las designaciones de dos magistraturas de la Sala Superior, cinco magistraturas de Salas Regionales y una magistratura de la Sala Especializada.
Un escenario similar se vive en otro organismo autónomo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, donde llevan 259 días sin estar completamente constituidos, debido a que falta la designación de tres comisionados por parte del Senado, que hace caso omiso a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los nombramientos.
Incluso si se aplicara la ley, la Corte tiene la facultad para comenzar a destituir a los integrantes de la Cámara Alta, que se nieguen a acatar la resolución.
En el caso del Tribunal, los partidos políticos buscarán aprovecharse de la situación para tener el control del órgano judicial que, en los hechos, es el árbitro de las elecciones.
Ya desde la oposición hay voces que acusan que las presiones al interior del Tribunal que terminaron por tumbar a Reyes Rodríguez ponen en riesgo todo el proceso electoral.
En caso de no resolverse la incertidumbre en el Tribunal Electoral, la situación puede desembocar incluso en una crisis constitucional, pues sin todos los nombramientos y designaciones el organismo estaría impedido para resolver cualquier asunto que caiga en sus manos después las próximas elecciones, pues se requerirían seis magistrados para resolver cualquier controversia que se pueda suscitar en la elección presidencial.
Las disputas internas no abonan a la labor del Tribunal, que está más ocupado con “infiernillos” que lo desgastan que por atender los asuntos legales que le competen.
El debate de fondo es la independencia del Tribunal Electoral y qué tan imparciales y sujetas a la ley serán sus fallos si no logra resolver la crisis interna y termina siendo un rehén más de la disputa política.
Conviene al país tener instituciones sólidas y fuertes que garanticen el cumplimiento de la ley, la democracia y la autonomía para preservar el equilibrio de poderes.
SOTTO VOCE
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